La magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder un expediente demoledor contra la senadora Martha Peralta Epieyú, una de las parlamentarias más cercanas al presidente Gustavo Petro. La revista Semana reveló la ponencia completa: chats extraídos forensemente, testimonios y contratos que la comprometen, según el documento, con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El mecanismo que describe la Corte tiene nombre propio: «votos por contratos». Según la ponencia, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco —hoy detenido— habría instruido al confeso corrupto Olmedo López, exdirector de la UNGRD, para que «acompañara» a congresistas de especial relevancia a cambio de su voto favorable a la reforma pensional. La Comisión Séptima del Senado era el blanco: ahí se discutía esa reforma que el Gobierno Petro necesitaba con urgencia.
López buscó a Peralta. Se reunieron en el Congreso. Según la ponencia, ella «entendió el alcance de ese acompañamiento y aceptó la realización de conductas». El cierre del trato quedó en WhatsApp: López le pidió nombres para contratar en la UNGRD y la senadora le respondió con una lista de 23 personas, con identificación, profesión y datos de contacto. Las capturas de pantalla provienen de la extracción forense del celular de López, donde el contacto aparece registrado como «MAIS Martha Peralta Presidente Nacional».
Uno de esos 23 recomendados fue Carmen Domitilia Iguarán, descrita en el expediente como «una amiga importante en su proceso político electoral», quien fue contratada directamente por López.
El rastro no termina ahí. La Corte también extrajo el celular de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Pinilla y Peralta se comunicaban por Signal hasta marzo de 2024, cuando el escándalo ya era público. A través de esos mensajes, según la investigación, Peralta habría recomendado proveedores de maquinaria amarilla para el programa de jagüeyes —pozos para almacenar agua lluvia— en La Guajira. El resultado: una orden de proveeduría por aproximadamente 2.125 millones de pesos a favor de empresas vinculadas a esas personas.
La ponencia concluye que «la recomendación de proveedores provenía de la senadora Peralta Epieyú, quien no se limitaba a expresar necesidades genéricas de su región, sino que direccionaba, con nombre propio, a los contratistas». La investigación también señala que su interés se extendió al programa Hambre Cero, destinado a llevar raciones de comida a comunidades vulnerables, siendo La Guajira uno de los departamentos más beneficiados.
A pesar de todo lo anterior, la magistrada Lombana se abstiene de pedir medida de aseguramiento, lo que significa que Peralta seguiría en libertad mientras avanza el proceso.
Que no te lo cuenten. Lo que aquí está en juego no es solo la suerte judicial de una senadora: es el patrón completo del petrismo en el poder. El dinero del Estado —prometido para saciar la sed literal de La Guajira— habría servido como moneda de cambio para blindar reformas en el Congreso. La burocracia no como herramienta de gestión, sino como caja chica electoral. Mientras Petro proclamaba una «Colombia Humana», sus operadores habrían estado negociando listas de recomendados en Signal y WhatsApp. El relato se cayó solo, y esta vez lo firmó la Corte Suprema.
