El relato se cayó solo.
Chicago destinó 13,5 millones de dólares de fondos públicos a supermercados operados por el gobierno para combatir los llamados «desiertos alimentarios» en el sur y el oeste de la ciudad. El resultado: los locales están al borde del cierre antes de haber demostrado nada.
«Los supermercados administrados por la ciudad de Chicago están al borde del colapso después de que Save A Lot rescindiera su acuerdo de licencia con las tiendas operadas por Yellow Banana», explicó Bryce Hill, director de análisis fiscal y económico del Illinois Policy Institute, en declaraciones a Fox News Digital. «La ciudad gastó 13,5 millones de dólares en estas tiendas, pero ahora están al borde del cierre. Estaban destinadas a abordar la seguridad alimentaria, pero este resultado no debería sorprender a nadie».
El cierre de siete tiendas Save A Lot en el sur y el oeste de Chicago ha reavivado el debate sobre si las iniciativas de comestibles financiadas por los contribuyentes pueden mejorar el acceso a los alimentos. La respuesta que emerge del terreno es contundente.
Rob Karr, presidente y CEO de la Illinois Retail Merchants Association, fue más directo aún. Señaló que propuestas similares en Nueva York y Seattle apuntan a que el gobierno baje artificialmente los precios usando fondos generales para hacer los comestibles «más asequibles». «El estado lo analizó aquí en Illinois y lo descartó porque es intrínsecamente defectuoso», dijo Karr. «Ha fracasado en todos los lugares donde se ha intentado porque no reconoce las realidades del mercado».
Ante el fracaso, las autoridades de Chicago terminaron dando marcha atrás: en lugar de abrir una tienda de propiedad municipal, optaron por apoyar mercados de barrio operados de forma privada. Una admisión silenciosa de que el modelo estatal no funciona.
Mientras tanto, la misma idea cobra fuerza en otros puntos del país. Karr advirtió que la burocracia no resuelve el problema de fondo: los permisos imposibles, los impuestos que ahogan la inversión y los costos laborales que expulsan a los supermercados privados de esos barrios.
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Que no te lo cuenten. El problema de los «desiertos alimentarios» no lo creó el mercado libre: lo creó el mismo aparato regulatorio que ahora se ofrece como solución. Impuestos altos, trabas de habilitación y costos laborales artificialmente inflados son los que hacen inviable operar una tienda en esos barrios. La respuesta del Estado no fue eliminar esas barreras, sino gastar 13,5 millones de dólares del contribuyente para competir con el sector privado en sus propias reglas, y perder.
El principio en juego es simple: cuando el gobierno administra lo que el mercado puede hacer mejor, el resultado es siempre el mismo. Presupuesto quemado, promesa incumplida y, al final, los vecinos más pobres sin supermercado y sin los millones que se esfumaron. Otra vez la doble vara: exigen responsabilidad a la empresa privada, pero nadie rinde cuentas por los 13,5 millones.
