El Senado chileno aprobó la pieza central de la llamada megarreforma tributaria, incluyendo la rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23%. El bloque oficialista reunió 26 votos a favor; la oposición llegó a sumar hasta 24 votos en contra, según consigna La Tercera.
El resultado es, en términos legislativos, un triunfo del gobierno: mantuvo unida su coalición en una votación que nadie calificó de sencilla. La oposición, por su parte, osciló entre el rechazo, la abstención y algunos respaldos puntuales, sin lograr construir una estrategia común capaz de modificar el resultado.
El trámite no termina aquí. La reforma debe regresar a la Cámara de Diputados, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos cambios antes de que el texto sea definitivo.
La oposición sí alcanzó a formular reservas de constitucionalidad durante el debate, un recurso que podría cobrar relevancia en la etapa siguiente del proceso.
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Que no te lo cuenten. Una rebaja del impuesto corporativo —del 27% al 23%, aunque gradual— es, en el papel, una señal en la dirección correcta para la inversión y la libre empresa. El problema es el contexto en que llega: envuelta en una «megarreforma» cuyo saldo final para el contribuyente y para el clima de negocios en Chile todavía no está claro, porque el texto completo aún no ha cruzado todos sus trámites.
Lo que sí está claro es la lección institucional del episodio: una oposición fragmentada, que no coordina y que reacciona en lugar de proponer, le regala al oficialismo victorias que de otro modo serían improbables. Oponerse sin orden produce ruido, no poder. Y mientras la oposición genera ruido, el gobierno escribe la ley. El partido de verdad se juega en la Cámara. Ahí se verá si alguien aprendió algo.



