El presidente Trump ofreció la semana pasada un discurso en horario estelar sobre interferencia electoral. La cobertura se concentró en el debate de siempre: IDs para votar, ciudadanía para registrarse. Lo que casi nadie cubrió fue lo que estaba debajo.
Un documento desclasificado, aparentemente de la rama de inteligencia nacional, lo dice sin rodeos: «Antes de las elecciones presidenciales de 2020, China tenía planes extensivos para utilizar operaciones cibernéticas y de otro tipo con el fin de inclinar la opinión pública contra la administración Trump y la opinión internacional contra el gobierno de EE. UU.»
Los planes, según el documento, estaban diseñados para «explotar fisuras y vulnerabilidades sociales» de Estados Unidos. Eso incluía amplificar tensiones raciales, avivar conflictos entre policías y activistas, y profundizar las divisiones entre partidos y entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Materializó algo de eso en 2020? La pregunta se responde sola.
El dato más concreto: a lo largo del ciclo electoral de 2020, la República Popular China habría llevado a cabo lo que se describe como la mayor filtración de datos electorales de la historia, con la adquisición ilícita de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Nombres, direcciones, teléfonos, preferencias partidarias. No se acusa a China de haber alterado conteos de votos, sino de haber obtenido la materia prima para operaciones de manipulación masiva.
Y aquí viene la parte que debería indignar a cualquiera, independientemente de su partido: según la periodista Catherine Herridge, la CIA bajo la dirección de Gina Haspel se negó a documentar formalmente esas operaciones de influencia china por temor a que Trump utilizara la inteligencia a su favor. Funcionarios de carrera —el llamado «Estado profundo»— habrían priorizado el cálculo político sobre la seguridad nacional.
China, además, desarrolló capacidades para proyectar narrativas en redes sociales —TikTok, Facebook, Twitter, YouTube— a través de «una variedad de influenciadores abiertos y encubiertos». La inteligencia también señalaba que Pekín recopiló información sobre altos funcionarios del gobierno estadounidense para influir en la opinión pública sobre esos mismos funcionarios.
Esto no es teoría conspirativa: está en el documento desclasificado.
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Contrafuego lo dice claro: lo que describe esta inteligencia no es una operación de hackeo de máquinas. Es algo más sofisticado y más peligroso. Es la ingeniería del caos social desde afuera, con complicidades adentro. El aparato burocrático que debía proteger al ciudadano decidió, según estos documentos, proteger primero su cálculo político.
Mientras el debate público se consume en si pedir ID para votar es «Jim Crow 2.0», el adversario real lleva años con 220 millones de fichas de estadounidenses en la mano. Que no te lo cuenten.
