Durante la madrugada de este sábado excarcelaron a Leonardo Chirinos, vinculado con la «Operación Gedeón». Salió de prisión y fue de inmediato al campamento instalado cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Allí lo esperaba el grupo de familiares que mantiene la exigencia por la liberación de los presos políticos. Chirinos habló ante las cámaras y dijo que su felicidad «no es aún total», porque su hermano sigue privado de libertad en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda.
También pidió por la libertad de «todos los presos políticos que quedan en esos centros penitenciarios». Antes de retirarse, envió un mensaje de aliento a las familias que siguen esperando la salida de sus seres queridos.
Su tía, Yolanda, celebró la excarcelación y afirmó que «pronto se van a acabar las paqueterías para Guaicaipuro». Según ella, su sobrino y los demás presos políticos del país deben salir porque «desde un principio debieron estar en libertad todos».
El caso de Chirinos se suma a una serie de excarcelaciones recientes de personas vinculadas con la llamada «Operación Gedeón», un intento fallido de incursión armada ocurrido en 2020 que derivó en la detención de decenas de personas. El reporte también señala que muchas de ellas fueron señaladas por organismos de derechos humanos como presos políticos.
Foro Penal ha denunciado durante años las condiciones de reclusión en centros como el Fuerte Guaicaipuro y la cárcel de Yare. Entre sus señalamientos figuran hacinamiento, restricciones a las visitas familiares y acceso limitado a atención médica.
Las liberaciones ocurren en medio de la presión sostenida de familiares y organizaciones civiles. Durante meses han mantenido campamentos y protestas para exigir la excarcelación del resto de los detenidos por motivos políticos.
Que no te lo cuenten. Aquí hay una verdad incómoda para el aparato estatal: cuando una familia tiene que montar un campamento para pedir libertad, algo se pudrió en la burocracia. El relato oficial puede disfrazarlo como trámite, pero el costo humano queda a la vista.
Otra vez la doble vara. Si el Estado insiste en retener a personas mientras acumula denuncias de hacinamiento, restricciones y atención médica limitada, no está mostrando fortaleza. Está exhibiendo una justicia que llega tarde y una libertad que se administra a cuentagotas.
