El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quiere posesionarse fuera de Bogotá y, de preferencia, en una guarnición militar. El Senado ya le abrió la puerta al aprobar, el 22 de julio, el traslado del acto al departamento del Cauca —uno de los más golpeados por grupos armados— con 55 votos a favor y 32 en contra. Falta que la Cámara de Representantes vote la proposición en plenaria el 28 de julio.
El respaldo en el Senado vino de la bancada oficialista integrada por el Centro Democrático y Cambio Radical, más el Partido Conservador. Hasta ahí, la foto es clara. El problema está en el escenario: una guarnición militar.
La Constitución no lo prohíbe. El artículo 192 establece que el presidente «tomará posesión de su destino ante el Congreso», y el artículo 140 permite que las cámaras acuerden trasladar la sesión a otro lugar. Ninguno de los dos veta un recinto castrense. Pero el debate simbólico ya está en la calle.
La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso —crítica de De la Espriella aunque dispuesta a asistir a su posesión, a diferencia del Pacto Histórico que lo llama «ilegítimo»— fue directa en la sesión del 22 de julio: «Una de las grandes victorias que tienen los modelos democráticos ha sido someter el poder de la fuerza pública y de las armas al mandato civil». Pedraza invocó el ejemplo de Daniel Ortega para advertir que los regímenes autoritarios «en parte lo logran porque tienen el respaldo de los militares».
Más llamativa es la disidencia interna. Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático —partido de gobierno—, anunció que no asistirá si la ceremonia se celebra en una instalación militar. «Los principios republicanos exigen que, efectiva y simbólicamente, el poder militar se subordine al poder cívico», dijo en Blu Radio. Nieto apoya la descentralización del acto, pero traza la línea ahí: «Si finalmente se decide que la posesión se hace en una guarnición militar, yo no voy a acompañar esa posesión».
El debate, en síntesis, no es sobre De la Espriella ni sobre el Cauca: es sobre el mensaje.
Desde Contrafuego lo leemos así: Colombia lleva años con sus instituciones civiles erosionadas por el petrismo, la violencia y la captura del Estado. Que el nuevo presidente quiera posesionarse en el Cauca —tierra arrasada por las FARC disidentes y el ELN— es un gesto político legítimo y potente: le dice al país que el gobierno no se encierra en Bogotá. Pero el escenario importa. Posesionarse ante militares no fortalece a las Fuerzas Armadas; las expone a ser leídas como tutoras del poder civil, exactamente el argumento que la izquierda continental lleva décadas fabricando para deslegitimar a cualquier gobierno de orden. De la Espriella tiene razón en el destino; el recinto todavía está por definirse. Que la Cámara vote con esa distinción en mente.
