Un estudio reciente de Invemar encendió la alarma: de los 3.991 kilómetros de línea de costa analizados en Colombia, el 63 % presentó tendencia erosiva. En otras palabras, más de la mitad de las playas muestran una pérdida gradual de tierra y arena.
Marcos Daniel Pineda, senador, dijo que el país tiene 3.991 kilómetros de playa, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y que hay 47 municipios costeros. También afirmó que el 50% de las playas ya se encuentran erosionadas, algunas en estado muy crítico.
Según Pineda, el problema afecta turismo y pesca. Dijo además que muchos habitantes de las zonas costeras están afectados y han tenido que desplazarse por este fenómeno. En su lectura, entre las causas están el calentamiento global y la falta de planeación y cuidado ambiental de las costas.
El senador señaló que en Colombia hay un vacío en la planeación y la prevención del litoral. Dijo que en varios municipios ha habido desorden en la planeación y en la construcción de viviendas e infraestructura hotelera. También afirmó que no existe hoy una entidad del orden nacional que sea doliente de las playas de Colombia.
Pineda explicó que el proyecto de ley «Salvemos las playas de Colombia» busca crear una gobernanza con un sistema bio-oceánico nacional, donde tendrían asiento el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Gestión de Riesgos y la DIMAR. Dijo que allí se trazará una política interinstitucional y un organismo rector para acciones de mitigación.
El proyecto también crea un fondo para financiar estos proyectos mediante una subcuenta añadida al fondo de la biodiversidad que administra el Ministerio de Vivienda. Según Pineda, la ley busca que ese fondo se nutra del 80% del impuesto a las bolsas plásticas, aunque reconoció que eso es «aún insuficiente».
Pineda dijo que el proyecto ya tuvo un primer intento en el cuatrienio anterior, cuando no alcanzó a aprobarse en los cuatro debates. Ahora fue aprobado en primer debate en comisión quinta del Senado y pasa a plenaria. Su meta, dijo, es que en junio del próximo año la ley esté aprobada y sancionada.
La doble vara del Estado es evidente: se multiplican los estudios, pero faltan resultados. Si la costa se está comiendo la arena y el aparato público no tiene responsable claro, el costo lo pagan los municipios, los trabajadores del turismo y las familias que viven del litoral. Que no te lo cuenten: sin orden, sin propiedad bien protegida y sin una autoridad que responda, la burocracia siempre llega tarde.
Aquí el principio en juego es simple. O hay reglas claras, prevención y responsabilidad institucional, o Colombia seguirá perdiendo territorio mientras el debate se queda en diagnósticos. El relato se cae solo cuando los números muestran que la costa retrocede y el Estado apenas reacciona.
