Colorado volverá a defender este otoño ante la Corte Suprema una política que, según la fuente, excluye a prescolares católicos de su programa Universal Preschool.
Cuando el estado lanzó el plan en 2023, ofreció hasta 6.300 dólares al año para el preescolar que eligiera cada familia. Pero, para participar, los centros deben firmar un acuerdo de no discriminación sobre orientación sexual e identidad de género. Los prescolares católicos no lo firman porque choca con la enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad e identidad, así que Colorado no les permite entrar.
El resultado ya está a la vista: Colorado ha dejado fuera a unos 1.500 niños en 30 escuelas de un programa que, según la fuente, se sostiene con impuestos de esas mismas familias. La matrícula en prescolares católicos cayó una quinta parte y al menos dos centros cerraron. En familias como la de Dan y Lisa Sheley, con siete hijos y cinco en St. Mary’s en Littleton, la alternativa es pagar de su bolsillo o renunciar al preescolar que quieren.
St. Mary’s, la arquidiócesis de Denver y los Sheley demandaron y perdieron en la corte de distrito y en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, que sostuvo que la regla de Colorado era una ley neutral y de aplicación general. La Corte Suprema aceptó revisar el caso, St. Mary Catholic Parish v. Roy, para determinar hasta dónde puede llegar un estado antes de que una norma aparentemente neutral termine apuntando a la religión en la práctica.
La fuente recuerda que la Corte ya ha frenado a Colorado en otros casos: Trinity Lutheran v. Comer, Espinoza v. Montana Department of Revenue, Carson v. Makin, Masterpiece Cakeshop, 303 Creative y Chiles v. Salazar. El patrón es claro: el estado sigue redactando reglas que golpean a objeciones religiosas, y los jueces siguen marcando límites.
Colorado dice que una excepción religiosa crearía «caos burocrático». También compara su regla con códigos de incendio e inmunizaciones, y afirma que no se puede excusar a ningún preescolar. Pero el propio programa, según la fuente, ya concede prioridad categórica a niños de bajos ingresos y a niños con discapacidades, y su director dijo que podrían participar escuelas que sirvieran solo a niños identificados como LGBT, a niños trans o a niños de una sola raza.
Que no te lo cuenten: la pelea no es por papeles, es por libertad religiosa. Cuando un gobierno usa dinero público para presionar a instituciones de fe a cambiar lo que enseñan, no está siendo neutral. Está poniendo precio a la conciencia. Otra vez la doble vara.
