El representante republicano Andy Ogles, de Tennessee, presentó este lunes una resolución de destitución contra la jueza federal Allison Burroughs, del Distrito de Massachusetts. La razón: Burroughs emitió el viernes una nueva suspensión administrativa que bloquea al gobierno de Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes somalíes.
La jueza, nombrada por Obama, actuó tras una demanda enmendada de la organización African Communities Together. Los demandantes alegan que la decisión de terminar el TPS de Somalia fue motivada por discriminación racial y de origen nacional. Eso, dicen, la distingue de los casos ya resueltos por la Corte Suprema.
En junio, el Tribunal Supremo falló en Mullin v. Doe. Ese fallo restringió severamente la capacidad de los tribunales inferiores de bloquear terminaciones de TPS basadas en argumentos no constitucionales. El Primer Circuito, siguiendo esa lógica, revocó suspensiones similares para Etiopía y Sudán del Sur. Burroughs sostiene que una demanda constitucional es diferente.
Ogles no lo ve así. Su resolución acusa a Burroughs de haber «desafiado la autoridad de la ley federal y del Tribunal Supremo». El portavoz del congresista fue más directo: «Esta obstrucción de la voluntad del pueblo debe detenerse. La jueza Burroughs debe ser destituida».
El consejero general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, reaccionó de inmediato. Publicó en X que lo que ocurre en estos casos no admite debate serio: «Desafío, obstrucción y demora». El Procurador General de Iowa, Eric Wessan, sumó su crítica. Argumentó que cuatro de los cinco argumentos de los demandantes ya están cerrados por la Corte Suprema. El quinto, dijo, es «frívolo».
El camino legal de Ogles es largo. La Cámara de Representantes puede destituir a un funcionario federal con mayoría simple. Luego, el Senado celebra un juicio. Para condenar y remover, se necesitan dos tercios de los senadores presentes. Solo 15 jueces federales han sido destituidos en toda la historia de Estados Unidos. Solo ocho fueron condenados y removidos.
La primera suspensión de Burroughs llegó en marzo. Esa orden permitió que más de 1,000 migrantes somalíes conservaran su autorización de trabajo y su protección frente a la deportación mientras el litigio continuaba.
Esta es la jugada del aparato judicial progresista: comprar tiempo. Cada nueva demanda enmendada, cada nueva suspensión, cada nuevo recurso constitucional alarga el reloj. El fallo de la Corte Suprema llegó en junio. En agosto, la misma jueza vuelve a bloquear la misma política con un argumento distinto. El resultado práctico es idéntico. La burocracia judicial encuentra siempre una puerta trasera.
Lo que está en juego no es solo el TPS somalí. Es la pregunta de fondo: ¿quién manda? Si un juez de distrito puede suspender indefinidamente una política migratoria del Ejecutivo, la separación de poderes deja de ser un principio y se convierte en decoración. Que no te lo cuenten.
