Las comisiones económicas del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate un recorte de $170.000 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027.
De mantenerse la decisión en las plenarias, la JEP arrancaría el próximo año con $721.803 millones. Del recorte, $140.000 millones salen del rubro de inversión y $30.000 millones de gastos de funcionamiento. Además, $100.000 millones serían reasignados a la justicia ordinaria a través del Consejo Superior de la Judicatura.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo desde Pitalito que el ajuste «realmente nos dejan inoperantes». También sostuvo que entiende las restricciones fiscales del Estado, pero que el recorte aprobado supera la reducción ya prevista en la propuesta inicial, que era de $100.000 millones.
Ramelli intervino durante el cumplimiento de la primera sanción restaurativa impuesta a exintegrantes del último Secretariado de las Farc y a miembros de la fuerza pública. Allí afirmó que las sentencias del tribunal «se vienen cumpliendo» y «se seguirán cumpliendo».
Por ahora, el presupuesto no es definitivo. Falta la discusión y votación en las plenarias del Senado y la Cámara, donde todavía puede haber cambios. El trámite debe cerrarse a más tardar el 20 de octubre para luego pasar a sanción presidencial.
El fondo del asunto es claro: el Congreso puso sobre la mesa un recorte fuerte a una jurisdicción que ya opera bajo presión fiscal, y el Estado vuelve a chocar entre disciplina presupuestal y funcionamiento institucional. Que no te lo vendan como un trámite técnico: detrás de esta decisión hay dinero público, prioridades políticas y una discusión de fondo sobre qué aparato estatal se sostiene y cuál se achica.
Otra vez la doble vara. Mientras unos celebran la «racionalización del gasto», el tribunal advierte una posible asfixia financiera. Si la JEP queda debilitada, el costo no lo paga la burocracia en abstracto, sino la operación misma de la justicia transicional. Y cuando se recorta sin tocar el desorden de fondo, el ajuste deja de ser eficiencia y pasa a ser una pelea por poder dentro del Estado.
