Un proyecto de ley llegó al Congreso de Colombia. Busca poner orden en el mapa de los peajes.
La propuesta exige una distancia mínima de 150 kilómetros entre estaciones. Hoy no existe esa regla. Cada corredor funciona a su manera.
El senador Luis Carlos Rúa, conocido como «Elefante Blanco», lidera la iniciativa. Tiene el respaldo de 23 congresistas.
Rúa puso un ejemplo concreto. En Antioquia hay dos peajes separados por apenas 1,5 kilómetros. La cifra es suya, no nuestra.
Los afectados son gente común. Habitantes de Rionegro, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral y Marinilla pagan varias veces por trayectos cortos. Lo hacen para ir al trabajo, al médico o a estudiar.
El proyecto no se queda ahí. Propone tarifas diferenciales para usuarios frecuentes y para quienes viven cerca de un peaje. Todavía falta definir quién califica y cómo se acredita.
También plantea un inventario nacional de estaciones. Ese registro incluiría ubicación, concesionario y recursos recaudados. La idea es que el Estado no autorice más peajes a ciegas.
Hay un punto clave: un fondo independiente para los peajes que queden en manos del Invías. El objetivo es que ese dinero se destine solo a mantenimiento vial. Que no se pierda en el hueco negro del Presupuesto General de la Nación.
El propio texto admite el problema de fondo. Los peajes financian buena parte de la infraestructura vial y las obligaciones de los contratos de concesión. Cualquier cambio en tarifas o ubicación tendrá que resolver de dónde sale esa plata.
Por ahora, nada de esto es ley. El proyecto apenas empieza su trámite. La distancia de 150 kilómetros puede cambiar en el debate. Las tarifas y las excepciones también.
Que no te lo cuenten como una victoria consumada. Es apenas un primer paso.
Dicho esto, el diagnóstico es certero. El ciudadano que maneja para trabajar termina pagando el mismo peaje varias veces al mes. Eso no es infraestructura, es un impuesto disfrazado de servicio.
El Estado colombiano diseñó un sistema de cobros sin una regla nacional clara. Ahora improvisa un parche legislativo para arreglar lo que debió pensarse desde el principio. La plata del contribuyente, otra vez, atrapada entre concesiones y burocracia.
Si el Congreso quiere de verdad aliviar al conductor, el fondo independiente para el Invías es el punto que no debe negociarse. Sin eso, todo lo demás es maquillaje.
