El aparato estatal como cuota de partido. Esa es la foto que dejó el caso de Karla Kepec Álvarez, exsecretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota, cuya renuncia fue solicitada por el Ministerio de Salud el 30 de julio tras la divulgación de un supuesto mensaje de WhatsApp.
El texto, atribuido a Kepec y circulado en un grupo de la tienda oficialista, no dejaba mucho espacio a la interpretación: «Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato». El cargo en cuestión: dos tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio para el Departamento de LabSal de la Seremi.
Kepec no era una funcionaria de carrera anónima. Fue candidata a gobernadora y presidió el Partido Republicano en la región. La doble condición —autoridad sanitaria y dirigente partidaria— es exactamente el caldo de cultivo donde florecen estas prácticas.
La Contraloría General de la República dispuso iniciar un sumario administrativo en la Seremi y requirió a la repartición informar, en el plazo de dos días hábiles, sobre la necesidad real de contratar tecnólogos médicos, la forma de proveer dichas funciones y el perfil de los cargos. También solicitó aclarar si el número de teléfono al que se atribuye el mensaje pertenece a los activos de la institución.
Los hechos están documentados. El sumario corre. Hasta ahí, la crónica.
Ahora el ángulo que el relato oficial prefiere omitir: el clientelismo no tiene color político, pero sí tiene una víctima constante. Esa víctima es el ciudadano que paga impuestos para financiar un servicio público y descubre que el acceso a ese servicio —o a trabajar en él— depende de una credencial partidaria, no de mérito ni de capacidad. Un tecnólogo médico calificado, sin carnet republicano ni pariente afiliado, quedó fuera de la consideración antes de abrir el currículum.
Que el Partido Republicano sea oposición no lo exime. Contrafuego aplica la misma vara a todos: el Estado no es botín de nadie. Si la burocracia se reparte entre militantes, da igual si el sello es rojo, azul o el que sea. El contribuyente pierde igual. Y el principio de mérito, que es la única garantía de que el empleo público sirva al ciudadano y no al aparato, queda en el suelo.
El sumario dirá lo que tenga que decir. Que no te lo cuenten.
