Documentos recién obtenidos muestran que J.P. Cooney, uno de los principales subordinados de Jack Smith, defendió quitar una protección constitucional clave para los legisladores.
«Soy partidario de derogar la cláusula», escribió Cooney en un intercambio de 2021 con Molly Gaston, según el material obtenido primero por el Washington Examiner. Hablaba de la Speech or Debate Clause, la disposición de la Constitución que protege a los miembros del Congreso de procesos civiles o penales por sus actos o expresiones legislativas.
Esa cláusula existe, en teoría, para evitar que el poder ejecutivo doblegue al Legislativo bajo amenaza de persecución. Y el dato no es menor: Cooney no era un funcionario cualquiera. Fox News Digital lo identifica como el principal subprocurador de Smith.
El tema volvió al centro del debate durante la audiencia del martes en el Capitolio. Chuck Grassley preguntó a Smith qué instrucciones dio a su equipo sobre la Speech or Debate Clause y sobre material de abogado y cliente. Smith respondió que él y su oficina tomaron sus obligaciones «seriamente» y que, a su juicio, se trata de una parte importante de la separación de poderes.
Grassley fue mucho más duro. Dijo que Cooney «despreció» esa cláusula y que Smith y su equipo obtuvieron en secreto registros de llamadas y mensajes de texto de decenas de miembros del Congreso. También acusó a Smith y a su equipo de haber «pisoteado la Constitución» durante su investigación partidista.
Smith y su personal investigaron los esfuerzos por revertir la elección presidencial de 2020.
Aquí está la cuestión de fondo: cuando un fiscal especial empieza a mirar el Congreso con la lógica del castigo, el mensaje para la clase política es venenoso. No importa si uno simpatiza o no con los legisladores investigados. Si se erosiona una protección pensada para frenar abusos del poder, pierde el equilibrio institucional entero.
Otra vez la doble vara. Se habla de defender la democracia mientras se empuja, según los propios registros citados por Grassley, una visión que desprecia los contrapesos que sostienen esa misma democracia. Y cuando la burocracia se siente autorizada a pasar por encima de la Constitución, el costo no lo paga una sigla: lo paga el ciudadano común, que termina viviendo bajo un Estado más grande y menos limitado.
