La polémica por los data centers volvió a cruzarse con la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Reporteros de The New York Times y CNBC destacaron un paper titulado «Capital without Labor: Data Centers and the Local Economy», que concluye que hay «evidencia limitada» de que el desarrollo de data centers mejore los balances fiscales, el empleo o la creación de empresas.
Pero una de las coautoras, Qiang Wang, es graduada de Zhejiang University. Esa universidad, según la fuente, tiene laboratorios de defensa vinculados a la inteligencia china. Wang dijo a The Daily Wire que su paso por esa universidad no moldeó su opinión sobre la inteligencia artificial y que estudió «Food Science».
Otra coautora, Liu Ee Chia, es profesora asociada de bienes raíces en la National University of Singapore. Al ser consultada sobre las afiliaciones académicas de Wang, respondió que sugerir una influencia del Partido Comunista Chino era «una acusación seria sin evidencia detrás de ella».
El entorno institucional tampoco ayuda a despejar dudas. El texto afirma que, bajo Xi Jinping, las universidades chinas han actualizado sus estatutos para enfatizar la lealtad al Partido Comunista. Cita además una cláusula adoptada por Fudan University en 2018: «The university Communist Party committee is the core leadership of the school». También dice que, desde 2013, más de 100 universidades revelaron nuevos estatutos que afirmaban el liderazgo del partido.
En paralelo, el caso de los data centers no se agota en las alarmas sobre costos. En Loudoun County, Virginia, el residente promedio ahorra en promedio $5,800 por año en impuestos a la propiedad gracias a los $1.3 billion generados por uno de sus data centers. En Richland Parish, Louisiana, una expansión de Meta permitió entregar un bono de $50,000 a los maestros.
El paper de Wang se concentra sobre todo en el impacto sobre los precios del agua. Estima que los data centers podrían costar a las economías locales unos $2.30 extra al año por cada $1,000 prestados entre bonos escolares y bonos de agua. Para condados con escasez hídrica, la cifra podría subir a $6 por cada $1,000 prestados.
La discusión de fondo es simple. O se mira la innovación con datos reales, o se deja que la burocracia y el miedo marquen el paso. Cuando hay ahorro tributario, inversión y salarios que suben, el relato anti tecnología queda peor parado.
Y hay otra capa que no conviene esconder. En una carrera con Beijing, cada freno impuesto por activistas, medios y políticos de siempre no castiga a «las empresas» en abstracto. Castiga al contribuyente, al maestro y a la libre empresa. Otra vez la doble vara: exigen cautela aquí, pero allá miran hacia otro lado.
