Un tribunal federal de apelaciones volvió a ponerse en el camino de la agenda migratoria de Donald Trump. Este jueves, el Noveno Circuito de San Francisco falló 2-1 contra la política de detención obligatoria de la administración, que buscaba impedir que migrantes arrestados en el interior del país pudieran solicitar una audiencia de fianza mientras tramitan sus casos.
Lo más llamativo: el juez ponente de la mayoría, Daniel Bress, fue nombrado por el propio Trump. Se unió a él la jueza M. Margaret McKeown, designada por Bill Clinton. El único disidente fue Carlos Bea, nombrado por George W. Bush, quien argumentó que el texto y el propósito de la reforma del Congreso de 1996 respaldan la lectura de la administración.
No es el primero en fallar así. Cuatro circuitos de apelaciones han rechazado ya la política de detención obligatoria. Solo el Quinto Circuito —Nueva Orleans— y el Octavo —San Luis— han dado la razón al gobierno federal. Esa fractura profunda entre tribunales eleva considerablemente la probabilidad de que la Corte Suprema tome el caso. La administración ya solicitó al alto tribunal que lo considerara el mes pasado.
El Departamento de Seguridad Nacional no dio su brazo a torcer. En un comunicado afirmó que «discrepa firmemente del panel del Noveno Circuito» y se declaró «confiado en su posición legal respecto a la detención obligatoria». Añadió que «el presidente Donald Trump y el secretario Mullin están haciendo cumplir la ley tal como fue escrita para mantener a América segura».
Bajo administraciones anteriores, la detención obligatoria se reservaba generalmente para quienes eran arrestados en la frontera. Los inmigrantes sin antecedentes penales detenidos en el interior del país podían solicitar fianza mientras esperaban resolución de sus casos. En julio del año pasado, el gobierno emitió una directiva que extendió la detención obligatoria al interior, como parte del plan de deportaciones masivas. Eso desató una cascada de demandas judiciales. Algunos jueces que ordenaron audiencias de fianza llegaron a criticar públicamente a la administración por violar sus propias órdenes.
La administración sostiene que el Congreso modificó la ley migratoria en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, y que administraciones previas simplemente no aplicaron esa disposición.
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Que no te lo cuenten. El relato de que los tribunales son un muro neutral frente al «autoritarismo» de Trump se complica cuando el juez que redacta el fallo en contra es su propio nombrado. Aquí no hay persecución ideológica simple: hay una disputa legal genuina sobre qué dice una ley de 1996, y la respuesta definitiva la tendrá el Supremo.
Lo que sí está claro es el principio en juego: si el Estado no puede retener a quienes están en situación irregular mientras se resuelve su caso, el sistema de deportaciones pierde buena parte de su fuerza disuasoria. La burocracia judicial lleva meses fragmentando una política que el Ejecutivo sostiene que es, simplemente, hacer cumplir la ley. El Supremo tendrá la última palabra. Y esa palabra importa.
