El presidente Abelardo de la Espriella publicó un manifiesto sobre el futuro presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y no dejó espacio para la ambigüedad: para él, el debate no es de «asfixia» ni de «venganza», sino de responsabilidad fiscal.
La discusión gira alrededor de cifras concretas. La JEP pidió $947.642 millones para 2027. El proyecto de Presupuesto General de la Nación le asignó $821.803 millones. Eso deja una diferencia de $125.839 millones. Además, el senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones de esa entidad al Consejo Superior de la Judicatura. Si esa idea avanza, la JEP quedaría con $721.803 millones.
De la Espriella respondió a las críticas del magistrado Alejandro Ramelli, quien advirtió sobre posibles efectos en la independencia y el funcionamiento de la jurisdicción. Ramelli, además, envió una comunicación a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional para informarles sobre las iniciativas que avanzan en el Congreso.
El presidente dijo que no comparte ni acepta esa comunicación. También sostuvo que fijar una posición sobre el presupuesto no constituye una amenaza contra ningún juez. «Es la Constitución funcionando», afirmó.
En su escrito, defendió que el presupuesto de una entidad pública no se define solo por lo que pide. Dijo que debe ajustarse a los recursos reales, a las necesidades del Estado y a las prioridades de todos los colombianos. Según su cuenta, desde 2018 la JEP ha recibido del erario más de TRES BILLONES DE PESOS. En 2025 recibió 777.069 millones. En 2026 opera con cerca de 744.659 millones.
De la Espriella también cuestionó los resultados de la jurisdicción. Señaló que la JEP ha sido criticada durante años por la ausencia de sentencias. Añadió que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025 y que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático.
El presidente insistió en que la prioridad debe ser la justicia ordinaria. Dijo que allí hay millones de procesos represados, miles de ciudadanos esperando decisiones y despachos con limitaciones tecnológicas e infraestructura insuficiente.
La pelea de fondo es clara. No se trata solo de una disputa técnica por una partida. Se trata de quién recibe el dinero del Estado y bajo qué resultados. Y cuando una jurisdicción especial pide más recursos mientras la justicia que ve los casos de todos sigue ahogada, la pregunta no es incómoda: es obligatoria.
Que no te lo cuenten. El relato de la burocracia intocable se cae cuando aparecen las cifras. Si el aparato público quiere más dinero, tiene que mostrar más eficiencia. Otra vez la doble vara: exigencia al contribuyente, indulgencia con la ineficiencia. Aquí el principio en juego es simple. El presupuesto debe servir a la justicia, no alimentar una estructura sin rendición de cuentas.
