El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió este lunes al Congreso trasladar su posesión del 7 de agosto de Popayán a Cali. La razón oficial: la actividad volcánica en el suroccidente del país. Según su equipo de prensa, el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán «ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días» por caída de ceniza.
El problema es que el Senado ya había votado. La semana pasada aprobó, con 55 votos a favor, que la ceremonia fuera en Popayán. Esa autorización no cubre a Cali. Por eso el Senado debe votar una nueva proposición. En la Cámara, la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, ya tiene lista la iniciativa para autorizar el traslado directo a Cali, pues la Cámara nunca alcanzó a votar el primer cambio.
Los costos ya están encima de la mesa. Los primeros contratos suscritos para la logística del evento y la transmisión ascienden a $5.950 millones. Eso es cerca de $950 millones más que la posesión de Gustavo Petro en 2022, un incremento de aproximadamente 19 %. Y esa cifra no incluye el traslado de los 286 congresistas ni sus esquemas de seguridad. Solo ese rubro podría rondar los $300 millones adicionales, según las cuentas disponibles hasta ahora.
Ya hay voces críticas en el propio Congreso. El representante Daniel Briceño afirmó que «los colombianos no deben pagar el traslado y gastos de los congresistas» y anunció que cubrirá sus propios costos. Invitó a sus colegas a hacer lo mismo.
También trascendió que varios congresistas, de distintas corrientes, cuestionaron la idea inicial de De la Espriella de posesionarse en una guarnición militar. Argumentaron que no era buena señal que un presidente civil tomara posesión ante los militares. Al parecer, esa opción ya fue descartada.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró la decisión. Escribió que «Cali ha esperado durante muchos años una mayor presencia del Gobierno Nacional».
---
Que no te lo cuenten. De la Espriella ganó la presidencia con un discurso de austeridad y reducción del gasto público. Eso es un hecho. También es un hecho que lleva dos cambios de sede en una semana y que el aparato estatal ya contrató por casi 6.000 millones de pesos solo para la ceremonia. El principio en juego es simple: el dinero de los contribuyentes no es un recurso simbólico. Es real. Y cada cambio de última hora tiene un costo que no sale del bolsillo del presidente electo.
La doble vara duele más cuando viene de quien prometió dar el ejemplo. El relato de la austeridad tendrá que sostenerse con hechos desde el primer día, no solo con discursos.
