Marisol Rojas fue aprobada por el Senado con 35 votos y se convirtió en nueva suprema, luego de una jornada que estuvo a punto de terminar en rechazo.
El Ejecutivo la había nominado como reemplazo de la vacante que dejó María Teresa Letelier. Desde el inicio, su postulación enfrentó trabas: el gobierno la presentó ante la oposición como un nombre con inclinación hacia la centroizquierda, pero en la derecha la vieron como una jueza de derecha. Incluso en la Comisión de Constitución, Claudia Pascual y Paulina Vodanovic se abstuvieron.
Rojas había dicho ante los senadores: «Yo no tengo tendencia política, yo soy juez». Aun así, el escenario se complicó el martes, cuando desde el entorno de la votación se estimaba que la sala podía rechazarla por culpa de la oposición. Según fuentes del Senado, esa posibilidad indignó al ministro Fernando Rabat, que no quiso retirar el nombre y decidió insistir hasta el final.
En ese punto aparecieron Alfonso de Urresti y Vodanovic. De Urresti, que ya no integra la Comisión de Constitución, movió sus hilos para ordenar a la bancada socialista y poner paños fríos a quienes querían asestarle un golpe al Ejecutivo. También participó Vodanovic, que se sumó a las gestiones para evitar el naufragio de la nominación.
El resultado fue que la bancada socialista quedó alineada y la candidatura salió adelante. Incluso, según fuentes del Senado, Daniela Cicardini no votó en contra y tampoco estuvo en la sala al momento de la votación.
Pero el precio político quedó a la vista. Tras la negociación, De Urresti y Vodanovic le habrían dejado en claro a Rabat que Rojas no era de su sector y que el siguiente cupo debe ser para alguien cercano a la centroizquierda.
Entre los votos en contra estuvieron Pascual, Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Daniel Núñez y Yasna Provoste. Desde la oposición, la lectura es que este tipo de acuerdos sigue marcando las designaciones supremas con cálculo político por delante de los méritos.
La escena vuelve a mostrar una vieja enfermedad de la política chilena: el aparato estatal tratando los cargos judiciales como botín de negociación. Cuando la vara es la afinidad y no la trayectoria, la independencia queda atrapada en la burocracia y el ciudadano paga el costo institucional. Otra vez la doble vara.
