El congresista demócrata Raja Krishnamoorthi envió una carta a la Casa Blanca. La fecha: este domingo. El motivo: cuestionar el acuerdo petrolero que la administración de Donald Trump firmó con Venezuela.
En la misiva recordó algo puntual. Alejandro Betancourt, empresario venezolano, es propietario de North American Blue Energy Partners (Nabep). Esa firma es la segunda mayor productora de petróleo dentro de Venezuela. Y es la principal beneficiada del acuerdo. Krishnamoorthi señala que Betancourt está acusado, en varios países, de presunto lavado de dinero.
El congresista no se quedó ahí. Pidió a Trump que revele si él, su familia, sus aliados, sus donantes o sus socios pueden beneficiarse del pacto. También exigió que la Casa Blanca explique qué fondos o garantías públicas de Estados Unidos se usarán en el acuerdo. Y qué controles existen para evitar conflictos de interés.
Hay más. Krishnamoorthi quiere saber cuál es exactamente el papel de Betancourt. Y el de cualquier otro posible beneficiario vinculado a Trump o a Nabep. La Casa Blanca tiene plazo hasta el lunes 14 de septiembre para responder.
Que no te lo cuenten como algo nuevo. Cada vez que Trump cierra un acuerdo con resultados, aparece un congresista demócrata con una carta llena de preguntas y cero pruebas. La fórmula es conocida: sospecha primero, evidencia después, si es que llega.
Aquí conviene separar el grano de la paja. Que Betancourt esté señalado de lavado de dinero en varios países es un dato serio, y la Casa Blanca debería aclararlo sin rodeos. La transparencia sobre fondos públicos y conflictos de interés no es un capricho de la oposición: es lo mínimo que exige cualquier gobierno que use dinero de los contribuyentes. Eso no está en discusión.
Lo que sí está en discusión es el reflejo automático de cierta casta política en Washington: cualquier acercamiento energético de Trump, aunque abra petróleo venezolano a manos privadas y mercado, se convierte de inmediato en sospecha de escándalo. La burocracia demócrata rara vez pregunta con la misma urgencia por los negocios de los suyos. Otra vez la doble vara.
El acuerdo, más allá del ruido político, plantea una pregunta legítima sobre libre empresa: si se abre producción petrolera en Venezuela a capital privado, la pregunta correcta no es solo quién se beneficia, sino si el resultado libera mercado o simplemente cambia de manos el mismo control estatal disfrazado de negocio.
