La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en el ojo de la tormenta. Senadores de oposición recibieron una denuncia formal, con documentos, que acusa a la paraestatal de haber modificado las bases de una licitación para favorecer a Electro Servicios HR, empresa que terminó siendo la única participante en un concurso por más de 4 mil 183 millones de pesos.
El contrato en disputa es una interconexión eléctrica submarina destinada a reforzar el suministro de energía hacia Cozumel, Quintana Roo. Una obra estratégica. Dinero de los contribuyentes. Y, según los denunciantes, un proceso diseñado para tener un solo ganador.
La historia que cuentan los documentos
HR había planeado participar junto a HENGTONG, empresa con experiencia técnica en el tipo de cable de alta capacidad que la licitación exigía. El problema: los cables de HENGTONG registraron fallas operativas en múltiples puntos del país. HR tuvo que prescindir de ese socio.
Sin HENGTONG, HR no cumplía los requisitos técnicos originales del concurso. Abandonar un proyecto de más de cuatro mil millones de pesos tampoco era opción.
Lo que ocurrió después es lo que los denunciantes llaman «escandaloso»: la CFE publicó una adenda modificatoria que redujo sustancialmente los criterios de experiencia exigidos. De requerir experiencia comprobada en proyectos con cable submarino de 115 kV, pasó a admitir proyectos de apenas 34.5 kV. Según la denuncia, «no cambió la magnitud ni la exigencia técnica de la obra; lo que cambió fue el rigor de la evaluación».
El 19 de agosto se presentaron las ofertas. HR acudió en solitario.
Un patrón que el sector ya conoce
Los denunciantes señalan además que HR mantiene contratos previos con la CFE que han acumulado retrasos significativos, resueltos mediante sucesivos convenios modificatorios. Para quienes presentaron la denuncia, eso no es casualidad: es un patrón de trato preferencial.
El fallo de la licitación aún no se ha emitido. Los demandantes piden la intervención del Senado para garantizar competencia equitativa y transparencia. También cuestionan por qué los responsables de supervisar los cables con fallas documentadas no han elevado los informes a sus superiores.
Lo que está en juego
Esto no es un tecnicismo burocrático. Cuando el aparato estatal mueve las reglas del juego a mitad del partido, el daño es doble: se distorsiona la competencia y se pone en riesgo la calidad de una obra crítica para el sistema eléctrico nacional.
La pregunta que los denunciantes dejan sobre la mesa es la correcta: no solo quién ganará el contrato, sino quién autorizó cambiar las bases. Esa respuesta, en una paraestatal que opera con dinero público y sin la disciplina que impone el mercado, no debería tardar. Que no te lo cuenten.
