Cada semana llegan decenas de deportados a Cabo Haitiano. El gobierno de Donald Trump ha intensificado las expulsiones de haitianos sin estatus migratorio legal en Estados Unidos, y el flujo no para.
La semana pasada más de 80 personas fueron devueltas, según reporta el New York Times. Muchos llegaron únicamente con los pantalones deportivos y las camisetas que proporciona el gobierno estadounidense, y con documentos del tribunal de inmigración en los bolsillos. Varios dijeron que sus objetos de valor habían desaparecido durante el viaje.
El panorama al aterrizar no es mejor. La carretera que sale de Cabo Haitiano está controlada por pandillas que cobran peajes a los conductores y secuestran viajeros. Cinco policías que intentaron hacer ese trayecto en autobús fueron asesinados recientemente.
Un caso lo ilustra con precisión aritmética. Reginald Dorvilma, de 36 años, fue deportado y al día siguiente se encontraba varado frente a la estación de policía de Cabo Haitiano intentando encontrar la manera de cruzar territorio pandillero hasta Los Cayos, su ciudad natal, al otro lado del país. Las autoridades haitianas le entregaron a él y a los demás adultos del vuelo 10.000 gourdes haitianos, equivalentes a unos 80 dólares. En su primera noche gastó unos 20 dólares en un hotel de baja categoría y compró ropa. Le quedaban menos de 40 dólares.
Los hechos son los hechos: Haití es un Estado fallido donde las pandillas controlan rutas enteras y matan policías. Eso no lo creó Trump ni lo resuelve detener las deportaciones.
Lo que sí es legítimo debatir es el procedimiento. Devolver personas sin sus pertenencias, sin efectivo propio y sin coordinación real con las autoridades locales no es política migratoria rigurosa: es traslado de un problema de un lado del mapa al otro. El orden migratorio exige fronteras que funcionen y expulsiones que se ejecuten; también exige que el proceso no sea un caos logístico que termina con ciudadanos varados frente a una comisaría con menos de 40 dólares y una pandilla entre ellos y su casa.
La burocracia migratoria de ambos lados —la que dejó entrar a millones sin control y la que ahora los devuelve sin protocolo— comparte la misma incapacidad de gestionar lo básico. El contribuyente estadounidense financió vuelos de deportación. El resultado en tierra es un hombre haciendo llamadas telefónicas en la acera. Que no te lo cuenten como victoria ni como derrota: es el retrato de dos Estados que no hacen bien su trabajo.
