El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, salió a chocar con su propio partido esta semana. Después de que más de 300,000 migrantes haitianos perdieran el Estatus de Protección Temporal (TPS) el lunes, el gobierno Trump instruyó a ICE a priorizar las deportaciones en zonas con alta concentración haitiana, Springfield entre ellas. La respuesta de DeWine fue directa: «Es un error. No es bueno para Estados Unidos y no es bueno para el estado de Ohio».
Según declaró a CBS News, DeWine atribuye el 60% del crecimiento económico reciente de Ohio a los inmigrantes. Springfield, donde se estima que se asentaron unas 20,000 personas de origen haitiano en años recientes, sería la más golpeada. «Han abierto restaurantes, han rehabilitado casas, han creado empleos», argumentó el gobernador. «Perderlos es un golpe para Springfield y para el estado».
Del otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la designación TPS —creada tras el devastador terremoto de 2010— ya no se justifica porque «la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente para que sea seguro que los ciudadanos haitianos regresen». El DHS también señaló que la población haitiana bajo TPS representa un «riesgo» para Estados Unidos y que mantener la designación «no es de interés nacional». En junio, la Corte Suprema respaldó al gobierno federal al permitirle terminar el TPS para haitianos y sirios.
DeWine, sin embargo, rechaza ese diagnóstico sobre Haití: «Haití es el infierno hoy. Estarías enviando a la gente de vuelta al infierno». Una fuente de ICE confirmó a The Daily Wire que los arrestos de haitianos son ahora una «prioridad» tras el fin del TPS.
El choque es real y merece leerse sin anteojeras. La tensión entre soberanía migratoria y necesidades del mercado laboral local no se resuelve con consignas. Trump tiene el mandato legal —avalado por la Corte Suprema— y el mandato político de millones de votantes que exigieron control fronterizo. Eso no es negociable desde la línea editorial de este medio.
Pero la voz de DeWine tampoco es la del progresismo institucional: es la del libre mercado que ve mano de obra productiva en riesgo de ser expulsada por decreto burocrático. El debate de fondo no es si ICE debe aplicar la ley —debe hacerlo— sino si el aparato estatal tiene la capacidad real de gestionar 300,000 casos sin destruir economías locales que funcionan. Esa pregunta, incómoda para todos los bandos, es la que nadie quiere responder.
