El Departamento de Seguridad Nacional escaló esta semana su ofensiva sobre integridad electoral. El secretario Markwayne Mullin advirtió el viernes que los funcionarios estatales que se nieguen a cooperar con las exigencias federales podrán enfrentar «multas, sanciones e incluso prisión, dependiendo de hasta dónde llegue el asunto».
El anuncio llegó un día después de que el presidente Donald Trump ofreciera un discurso en horario estelar en el que presentó inteligencia previamente clasificada. Según la Casa Blanca, ese material documenta vulnerabilidades en la infraestructura de votación y esfuerzos extranjeros por obtener datos de votantes estadounidenses. Trump también exigió al Congreso aprobar el SAVE America Act, que impondría requisitos federales de identificación y prueba de ciudadanía para votar.
DHS afirma haber identificado más de 250.000 no ciudadanos registrados para votar en cuatro estados: California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania, y envió cartas a los secretarios de estado correspondientes. El propio DHS aclaró en esas cartas que no acusa a ninguno de esos registrados de haber votado efectivamente.
Al Schmidt, secretario de estado republicano de Pensilvania, señaló que «toda la evidencia ha demostrado que el voto de no ciudadanos es extremamente raro en todo el país». Francisco Aguilar, su par demócrata en Nevada, acusó a la administración de querer «causar caos y dudas antes de las elecciones de medio término».
Mientras tanto, la cobertura mediática del discurso presidencial generó su propia controversia. CBS transmitió parte de los comentarios antes de cortar la señal; Fox News llevó el discurso completo en vivo. ABC y NBC no lo emitieron en sus cadenas de broadcast, aunque lo pusieron disponible en plataformas de streaming. CNN tampoco lo transmitió en vivo.
Mullin no guardó silencio al respecto: «¿Por qué no lo cubrieron? ¿Qué están tratando de ocultar? ¿Por qué se llaman a sí mismos un medio de noticias si no intentan difundir las noticias?». El secretario recordó que esas mismas cadenas amplificaron sin reservas las afirmaciones de que 2020 había sido «la elección más segura de la historia».
Que no te lo cuenten. Dos cadenas de broadcast con licencias públicas deciden qué información merece llegar al televidente promedio y cuál no. El relato se cayó solo: cuando el gobierno presenta inteligencia desclasificada, el aparato mediático apaga las cámaras. El principio en juego es simple: o informas o admites que eres un operador. La burocracia estatal que resiste la auditoría de padrones y las redacciones que evitan transmitir los argumentos del otro lado comparten el mismo incentivo: que el ciudadano no sepa demasiado.
