La Cámara de Diputados del Perú remitió al Senado el dictamen de delegación de facultades al Poder Ejecutivo. El texto autoriza al Ejecutivo a legislar por 90 días en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.
El documento entrega 20 de los 66 puntos que el Gobierno requería. Fue aprobado en el pleno de Diputados con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.
La ruta hasta ahí fue accidentada. En una primera votación, el dictamen había sido rechazado por 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. Luego, una moción de reconsideración presentada por la diputada Roxana Rocha Gallegos, de Renovación Popular, abrió la puerta a la aprobación final. Esa reconsideración fue aprobada con 75 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones.
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, pidió al Senado que su revisión no se convierta en una vía para alterar lo ya aprobado. «El Senado, obviamente, puede rechazar, aprobar o modificar lo que enviamos desde Diputados, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión ni a desnaturalizar la esencia de lo que ya hemos aprobado», advirtió.
Reto sostuvo además que el Senado debe respetar la propuesta enviada por Diputados. Dijo que el comportamiento de la Cámara Alta será una señal sobre el funcionamiento del nuevo Congreso durante los próximos cinco años.
La Comisión de Constitución del Senado deberá revisar el documento antes de que llegue al pleno, donde se definirá si se aprueba, se rechaza o se modifica.
Aquí hay una tensión que importa más que el trámite mismo. Si el Senado usa su rol revisor para meter temas que no estaban en el dictamen, el equilibrio entre cámaras se convierte en otra pieza de burocracia y no en un contrapeso real. Y si el Congreso recién nacido arranca con choques por desnaturalizar facultades, la confianza pública se erosiona antes de despegar.
El punto de fondo es simple. Cuando el Estado pide más poder para legislar, el límite importa. No por formalismo, sino porque cada ampliación mal amarrada termina pagando la cuenta en libertad, control político y dinero de los contribuyentes. Que no te lo cuenten: la doble vara institucional empieza cuando una cámara cree que puede corregir lo aprobado sin respetar el mandato que recibió.
