Letitia James tiene fama de fiscal implacable. Persiguió a Donald Trump y a su organización privada por trámites de un préstamo bancario que fue devuelto en su totalidad. Intentó cerrar VDare, un pequeño sitio web anti-inmigración que ni siquiera opera en Nueva York. Con los conservadores, James no perdona una coma.
Con sus aliados, la historia es otra.
El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas —CAIR— y su entidad vinculada CAIR Action saltaron a las primarias demócratas de Nueva York en junio. Respaldaron y recaudaron fondos para candidatos antisionistas. Entre los beneficiados: Darieliza Avila Chevalier, Brad Lander y Claire Valdez, todos victoriosos.
Hasta ahí, política normal. El problema es legal. CAIR Action NY está registrada federalmente como 501(c)(4). Pero nunca se registró ante la Oficina de Organizaciones Benéficas de Nueva York. Eso es obligatorio para cualquier entidad que solicite fondos en el estado. No es un tecnicismo menor. Es la ley que James tiene el deber de hacer cumplir.
Un informe del Intelligent Advocacy Network documenta con detalle cómo CAIR Action ignoró esa norma. No es la primera vez. La organización fue vetada para recaudar fondos en California. Fue multada por solicitud sin licencia en Washington D.C. En Nueva York, silencio total de la fiscal general.
Más que silencio: la oficina de James celebra públicamente el trabajo de CAIR. Ha tomado medidas contra grupos que investigan a CAIR. Según la fuente, incluso ha forzado el cierre de organizaciones pro-Israel que incomodaban a la organización islamista.
Eso no es aplicar la ley. Es administrar favores políticos con toga.
Lo que está en juego aquí no es solo una irregularidad burocrática. Es el principio básico del estado de derecho: la ley se aplica igual para todos. Cuando una fiscal general decide quién merece escrutinio y quién merece protección según su utilidad política, el sistema entero se corrompe. No hay libre empresa, no hay propiedad privada, no hay libertad individual posible bajo una justicia selectiva.
James no es una fiscal. Es una operadora con poder de persecución. Y eso, en manos de cualquier ideología, es peligroso. Que no te lo cuenten.
