El mayor retirado del Ejército Wladimir Gómez Becerra estaría habilitado para ocupar la secretaría de la Comisión Segunda del Senado de Colombia, según documentos oficiales conocidos por la revista Semana.
La candidatura había desatado una polémica pública centrada en posibles conflictos de interés, argumento que circuló con fuerza en los días previos. Sin embargo, los registros revisados por ese medio apuntarían en dirección contraria.
Según Semana, la documentación oficial acreditaría que Gómez Becerra podía postularse como víctima del conflicto armado para una de las 16 curules de paz que contempla el Congreso colombiano. Esa condición, lejos de inhabilitarlo, reforzaría la legitimidad de su candidatura al cargo administrativo.
Además, según la misma fuente, el exmilitar no registraría ningún impedimento ante los entes de control del Estado para ejercer la posición.
La Comisión Segunda del Senado es el órgano legislativo que maneja, entre otros temas, política exterior, defensa nacional y seguridad. Que su secretaría recaiga en un oficial retirado con experiencia castrense no es un detalle menor: es precisamente el perfil técnico que esa instancia requiere.
Que no te lo cuenten. La ofensiva contra Gómez Becerra siguió el guion de siempre: lanzar la acusación, instalar la duda, esperar que el señalamiento haga el trabajo sin necesidad de pruebas. Cuando aparecen los documentos, el relato se cae solo y nadie pide disculpas.
En un Congreso donde el petrismo ha intentado colonizar cada espacio institucional disponible, la resistencia de perfiles técnicos e independientes en cargos administrativos clave no es un asunto burocrático menor. Es parte de la disputa real por el equilibrio institucional. El principio en juego es simple: la idoneidad y la legalidad deben pesar más que la presión política. Por ahora, los papeles le dan la razón a Gómez Becerra.
