El Comité Judicial del Senado canceló este miércoles la votación programada para confirmar a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, menos de 24 horas antes de que se celebrara. El freno no vino de la oposición demócrata: lo pusieron dos senadores republicanos.
Los senadores John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte) exigen «garantías escritas» del Departamento de Justicia sobre el acuerdo que el IRS alcanzó con el presidente Trump a principios de este año. Ese convenio estableció un fondo —ya desmantelado— de 1.776 millones de dólares para víctimas de la «weaponización» gubernamental y, más controvertido aún, otorgó al presidente inmunidad frente a auditorías fiscales del IRS.
Cornyn fue explícito: envió al DOJ un borrador con tachados y cambios concretos. «Solo necesitan tomar una decisión», dijo a reporteros, según recoge Politico. Tillis, por su parte, aclaró que no tiene «ningún problema con el DOJ ni con Blanche», pero que el lenguaje escrito es condición innegociable para avanzar. Ambos dejan el Senado a principios del año que viene —Cornyn perdió su primaria ante el fiscal general de Texas, Ken Paxton— y eso les da margen para presionar sin costos políticos inmediatos.
En el Comité Judicial basta un solo voto republicano en contra para hundir la candidatura en sala, lo que impediría que llegue al pleno. El presidente del comité, Chuck Grassley (Iowa), optó por aplazar el markup hasta que haya votos suficientes. El líder de la mayoría, John Thune (Dakota del Sur), había apuntado a la semana próxima como fecha para el voto en el pleno, antes del receso de agosto previsto para el 7 de agosto.
Trump defendió a su candidato desde el Despacho Oval: «Todd Blanche es sobresaliente. No encontrarías una persona mejor». El presidente también lanzó una pulla velada a Cornyn: «Quizás está molesto conmigo porque no lo endosé». Blanche ocupa el cargo de forma interina desde el 2 de abril, cuando Trump lo elevó de fiscal adjunto tras despedir a Pam Bondi.
El nominado cuenta con el respaldo público de sindicatos policiales que representan a más de 670.000 agentes, 300 familias de víctimas y un centenar de funcionarios bipartidistas del DOJ que han escrito al Congreso en su favor, según la oficina de Grassley.
Lo que está en juego aquí va más allá de un trámite burocrático. La inmunidad fiscal para el presidente y sus empresas es una concesión que dos legisladores republicanos —precisamente los que ya no tienen nada que perder— se niegan a avalar sin respaldo documental. Que el DOJ no haya entregado los papeles en el plazo fijado dice más sobre la opacidad del acuerdo que sobre la «obstrucción» que algunos en el entorno presidencial insinúan.
Contrafuego no tiene problema con Blanche como candidato. El problema es el acuerdo que lo acompaña como equipaje. Si el DOJ no puede poner por escrito lo que su propio jefe interino juró ante el Senado, algo no cuadra. Y eso, en un Estado de derecho, no se resuelve con presión política: se resuelve con transparencia.
