El relato se cayó solo.
Según una encuesta reciente del Public Policy Institute of California, casi dos tercios de los residentes del estado se oponen al decreto ejecutivo que el gobernador Gavin Newsom firmó en 2020, por el cual todos los autos nuevos de pasajeros y camionetas livianas vendidos en California deberán ser de cero emisiones para el año 2035.
El rechazo no es ideológico ni regional: abarca demócratas, republicanos e independientes en todas las zonas del estado.
La lección es vieja y siempre se olvida. Los californianos apoyan con entusiasmo las restricciones climáticas radicales cuando creen que otros —«las corporaciones»— pagan la cuenta. Pero cuando el costo aterriza en su propio garaje, el ardor verde se apaga.
Y los costos son reales. El artículo de opinión publicado por el New York Post señala que la guerra de Newsom contra los combustibles fósiles no solo eleva los precios de la gasolina y la energía, sino el costo de vida en general: alimentos, bienes de consumo, vivienda, cualquier producto o servicio que requiera energía para moverse, venderse, entregarse o producirse.
A eso se suma un dato que incomoda: California tiene historial de apagones, ya sea por escasez eléctrica o por cortes deliberados de las compañías de servicios públicos para prevenir incendios forestales. Comprometerse en masa con vehículos que podrían dejar de funcionar cada vez que una parte de la red falle no parece, precisamente, una apuesta racional.
Otra vez la doble vara. El mandato nunca pasó por los votantes ni por la legislatura. Newsom emitió una orden ejecutiva y el California Air Resources Board —una junta no electa— construyó las regulaciones a su alrededor. Un miembro de esa junta describió el cambio como «monumental» y «lo más importante que [la junta] ha hecho en los últimos 30 años». Monumental, sí. Democrático, no tanto.
Que no te lo cuenten.
Esto es lo que ocurre cuando la casta decide por ti qué puedes comprar, qué puedes manejar y con qué debes cargar tu auto: la gente, eventualmente, dice que no. No porque rechace la tecnología —algunos ya compran eléctricos voluntariamente, otros lo harán—, sino porque rechaza la imposición. La libertad de elegir no es un capricho conservador; es el mecanismo que, históricamente, ha producido mejor tecnología a menor precio para más personas.
Si los autos eléctricos son realmente superiores, el mercado los adoptará sin necesidad de decretos. Si requieren un mandato para venderse, la pregunta que nadie en Sacramento quiere responder es obvia: ¿superiores para quién?
