Gavin Newsom firmó por decreto ejecutivo la prohibición de vender autos de gasolina en California a partir de 2035. No lo hizo tras un debate legislativo ni con un plan de infraestructura respaldado. Lo hizo, según recoge la fuente, para impulsar una agenda climática. El resultado: dos tercios de los californianos se oponen a la medida, según la misma encuesta que midió la carrera por la gobernación entre Xavier Becerra y Steve Hilton.
Los números no sorprenden si se mira el contexto real. California tiene los precios de gasolina más altos del país, y sus tarifas encarecen también el combustible en los estados vecinos. Los vehículos eléctricos (EVs) son más caros, tienen menor autonomía que los de gasolina y dependen de una red de carga que, incluso en el estado más «verde» de la nación, es escasa y lenta. Llenar un tanque toma minutos; cargar un EV, horas.
A eso se suma un problema estructural que el propio Newsom reconoció en voz alta: en el verano de 2020, durante una ola de calor, las autoridades pidieron a los conductores de EVs que no cargaran sus vehículos entre la tarde y la noche por escasez eléctrica. El mismo Newsom declaró entonces que California necesitaba «sobriedad» respecto a los límites de las energías renovables. Semanas después, en septiembre de 2020, anunció la prohibición de los autos de gasolina.
La contradicción no es menor: el estado que no puede garantizar electricidad suficiente en verano pretende que toda su flota vehicular dependa exclusivamente de esa electricidad en once años. Las compañías eléctricas cortan el suministro en vientos fuertes para evitar incendios. La red de carga pública es insuficiente. Y muchos residentes no pueden cargar en casa.
La encuesta también refleja que los californianos no están dispuestos a pagar más por políticas «verdes». Es decir: el electorado que vive con los precios más altos de combustible del país no quiere encima un mandato estatal que le elimine la alternativa más barata y funcional.
Contrafuego lo dice sin rodeos: esto es lo que ocurre cuando el aparato estatal legisla por decreto para satisfacer un relato ideológico sin resolver primero los problemas de fondo. No hay infraestructura de carga suficiente, no hay red eléctrica confiable, no hay precio accesible. Solo hay una orden ejecutiva y una fecha en el calendario.
El próximo gobernador de California —quien sea— heredará este lío. La pregunta no es si la prohibición es popular. Ya sabemos que no lo es. La pregunta es si alguien en Sacramento tendrá la honestidad de admitir que forzar el mercado sin construir las condiciones para que funcione no es política energética: es teatro.
