Transportation Secretary Sean Duffy quiere saber si algún conductor de autobús escolar tiene licencias comerciales fraudulentas. Randi Weingarten, jefa del segundo sindicato docente más grande del país, está tratando de impedirlo.
Duffy pidió registros que permitirían al Department of Transportation (DOT) detectar conductores que están en el país ilegalmente, que obtuvieron credenciales de forma fraudulenta, o ambas cosas. La American Federation of Teachers (AFT), que dirige Weingarten, se unió a una demanda presentada por 21 estados azules y Washington, D.C., con el objetivo de bloquear el acceso de Duffy a esa información.
El DOT busca cinco años de registros, incluidos nombres, fechas de nacimiento, números de licencia comercial (CDL), estados donde se emitieron y los últimos cinco dígitos de los números de Seguro Social de los conductores. Esos datos están en manos de la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA). Nada de eso es especialmente sensible, salvo los números de Seguro Social. Y la idea de que esos números deban permanecer secretos frente al mismo gobierno que los emitió resulta absurda.
La supuesta preocupación de Weingarten por la privacidad de los conductores suena vacía. Esa información podría exponer a titulares de CDL que obtuvieron la credencial bajo falsas pretensiones.
Las regulaciones federales bloquean a todos los inmigrantes ilegales, y a casi todos los residentes no ciudadanos legales, de obtener CDLs. Pero la supervisión fue escasa durante la administración de Biden, lo que permitió la proliferación de las llamadas CDL mills. Estas escuelas de fachada entregan credenciales con poca o ninguna formación. Los conductores con CDL se supone que deben poder comunicarse en inglés, pero se ha encontrado que algunas de estas fábricas de licencias certifican a personas que ni siquiera pueden leer señales de tránsito.
Las consecuencias han sido devastadoras. Dalilah Coleman tenía solo 5 años cuando un titular de CDL inmigrante ilegal causó un choque múltiple que la dejó permanentemente discapacitada. Pasó semanas en coma y necesitará tratamiento de por vida.
Otros no sobrevivieron a sus encuentros con titulares de CDL en situación ilegal. Tres personas murieron cuando Harjinder Singh, un inmigrante ilegal, dio un giro en U ilegal con un camión de carga en la Florida Turnpike. Singh no pudo comunicarse con los oficiales en inglés, y reprobó el examen de conocimientos de CDL de Florida 10 veces antes de que California le concediera una CDL. Choques en Indiana, California y Ohio, todos causados por inmigrantes ilegales con CDLs, han costado la vida a personas inocentes.
La AFT parece terriblemente indiferente respecto de quién lleva a los estudiantes de Estados Unidos hacia y desde la escuela cada día. El sindicato representa a 13,500 trabajadores del transporte y estima que 11,000 de ellos tienen CDLs. Prefiere apostar con la seguridad de los alumnos antes que arriesgarse a perder siquiera a un miembro que paga cuotas, aunque ese miembro sea totalmente no apto para el trabajo.
Da miedo que tantas personas conduzcan máquinas de mil toneladas por las autopistas después de haber engañado al sistema para conseguir el empleo y, quizá, para entrar al país. Pero es aún peor pensar que un número desconocido de ellas no solo maneja un vehículo grande, sino que además tiene a cargo la seguridad de los niños que van dentro.
Cuando los distritos escolares contratan directamente a los choferes de autobús, los funcionarios del distrito deben verificar las credenciales de cada conductor. Algunos distritos probablemente sean más cuidadosos que otros. Pero en los más de 4,000 distritos escolares que subcontratan el transporte a un proveedor externo, los funcionarios del distrito aceptan la palabra de la empresa contratada de que cada conductor contratado está calificado para transportar niños.
No es la primera vez que los jefes sindicales docentes usan su poder político en detrimento de la seguridad de los estudiantes. The Defense of Freedom Institute ha expuesto cómo los sindicatos han presionado a distritos escolares para mantener en nómina a abusadores sexuales y adoptar «prácticas restaurativas» que permiten que las aulas se hundan en el caos y, a veces, incluso en la violencia.
Este país necesita conductores competentes y confiables al volante de sus autobuses escolares, del mismo modo que necesita maestros con integridad. Duffy ya ha avanzado bastante para corregir este problema. La magnitud, sin embargo, debería alarmar a todo estadounidense. Un comunicado de prensa del Department of Transportation afirma que la administración ha descubierto 9,500 CDL mills y que ha «forzado a los estados a cancelar más de 28,000 licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros».
Lamentablemente, los esfuerzos de Duffy han sido frenados —al menos por ahora— por una orden judicial preliminar emitida por un juez federal en Virginia. Weingarten y la AFT quizá hayan ganado esta batalla, pero la seguridad de millones de niños depende de que pierdan la guerra.
Que no te lo cuenten. Otra vez la doble vara: el sindicalismo político y la burocracia quieren impedir que se revise si los choferes de escolares están siquiera habilitados para manejar. Cuando la seguridad de los niños choca con la protección corporativa de cuotas y privilegios, el relato se cae solo.
