El sistema de salud de Estados Unidos funciona como un mercado sin precios. Nadie sabe cuánto cuesta nada hasta que llega la factura. Y para cuando llega, ya es tarde.
El Congreso tiene sobre la mesa dos proyectos bipartidistas: la Patients Deserve Price Tags Act en el Senado y la Health DATA Act en la Cámara. Ambas obligarían a publicar precios reales de antemano, incluyendo las tarifas en efectivo con descuento y las negociadas con las aseguradoras. Es decir, obligarían a la sanidad a comportarse como cualquier otro negocio.
Los números explican la urgencia. El gasto nacional en salud está proyectado en 6 billones de dólares para 2026, casi el 20% del PIB, el doble del promedio de los países desarrollados. Los estadounidenses trabajan, en promedio, un día de cada cinco solo para pagar atención médica. Y los costos de los planes de salud provistos por el empleador subirán 8% en 2027, más del doble de la inflación general.
Según la revista médica JAMA, un 25% de ese gasto es puro desperdicio: complejidad administrativa, sobrecargos y fraude. Sin precios visibles, esa cifra no es un accidente: es el modelo de negocio. Una cirugía de hernia puede costar 23.000 dólares en la oscuridad del sistema actual, o 2.900 dólares con precio transparente. Una resonancia magnética puede pasar de 3.000 dólares a 300. La diferencia no es calidad médica: es opacidad.
Un estudio de los economistas de salud de la Universidad Brown, Christopher Whaley y Daniel Arnold, calcula que estas dos leyes generarían 38.000 millones de dólares al año en salarios más altos, un promedio de 1.600 dólares por familia de cuatro con seguro provisto por el empleador. La razón es simple: durante décadas, el aumento descontrolado de las primas ha comido directamente el salario de los trabajadores, disfrazado de "beneficio".
El costo humano es igual de brutal. Una encuesta reciente indica que el 92% de los estadounidenses retrasa o abandona un tratamiento por miedo al costo. No por falta de necesidad médica, sino por incertidumbre financiera.
El relato oficial dice que la sanidad estadounidense es cara porque es de calidad. El relato se cae solo cuando se descubre que un tercio del gasto es desperdicio administrativo y que hay una casta de intermediarios —aseguradoras, gestores de beneficios, hospitales— cobrándose comisiones en la oscuridad, sin que el paciente ni el empleador puedan comparar nada.
Este no es un debate sobre estatizar o no la salud. Es más simple: sin precios, no hay mercado, y sin mercado, no hay competencia que baje costos. La transparencia de precios no es una ocurrencia progresista de control estatal: es la restauración del mercado libre en un sector que aprendió a vivir sin él. El Congreso, que regresa de su receso de verano, tiene la oportunidad de devolverle a millones de familias el control sobre su propio bolsillo. Que no lo deje pasar por presión de quienes se enriquecen con la opacidad.
