Estados Unidos volvió a poner a Colombia en la mira. El gobierno de Donald Trump comunicó que el país sigue entre los que, según Washington, «han fallado demostrablemente» en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de lucha contra las drogas.
Es la segunda vez consecutiva que Colombia recibe esa clasificación, después de haber sido incluida en esa categoría el año pasado, durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión forma parte de la evaluación anual que hace EE. UU. sobre los países considerados de importancia para la producción o el tránsito de drogas ilícitas. En el caso colombiano, Washington concluyó que durante el último año —sin contar agosto, cuando ya estaba De la Espriella— no se hicieron esfuerzos sustanciales suficientes para cumplir con las obligaciones internacionales contra los narcóticos.
Ese detalle temporal importa: la decisión conocida este miércoles no evalúa las primeras semanas del gobierno de Abelardo De La Espriella, sino el periodo que Washington acabó de examinar. Aun así, la Casa Blanca dejó abierta la puerta para que Colombia salga de esta categoría en la próxima revisión si el nuevo Ejecutivo demuestra avances concretos.
Trump dijo que podría reconsiderar la clasificación si durante el próximo año el país logra avances en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de las organizaciones narcotraficantes.
El punto central es otro: la descertificación no equivale automáticamente a que Estados Unidos suspenda toda la cooperación con Colombia. La legislación estadounidense permite que el presidente determine que mantener determinados programas de asistencia responde al interés nacional estadounidense. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí.
En otras palabras, Colombia quedó formalmente marcada como un país que falla, pero Washington mantiene abierta la cooperación porque considera que esa relación sigue siendo útil para sus propios intereses. No hay ruptura, pero sí una señal política clara: los resultados importan más que el discurso.
El Gobierno de De La Espriella ha planteado que su estrategia estará concentrada en erradicación, persecución de estructuras criminales, destrucción de laboratorios, afectación de finanzas, recuperación territorial y extradición de integrantes. En sus primeros 36 días, según el balance oficial de la Presidencia, la Fuerza Pública reportó 75.613 kilogramos de droga incautados, 1.506 hectáreas de coca erradicadas y 73 extradiciones firmadas.
El desafío real no está en la foto inicial, sino en la continuidad. Washington no está premiando intenciones ni declaraciones, sino capacidad efectiva para golpear el negocio de la cocaína. Si los cultivos reaparecen y las redes criminales conservan su poder, la burocracia internacional seguirá registrando el fracaso.
Que no te lo cuenten: la presión de EE. UU. no es un tecnicismo diplomático, sino un recordatorio de que el Estado colombiano sigue obligado a dar resultados. La seguridad, el orden y la ley no se sostienen con relato, sino con hechos medibles. Otra vez la doble vara: quienes piden comprensión siempre exigen paciencia ajena, pero los contribuyentes terminan pagando la factura del desastre.
