El Pentágono anunció que Nidal Hasan será ejecutado por fusilamiento el 3 de diciembre por el ataque de Fort Hood, en Texas, donde murieron 13 soldados y 32 más resultaron heridos.
La posibilidad de una transmisión en vivo abrió una disputa política y moral dentro del propio aparato republicano. El vicepresidente JD Vance dijo a reporteros que no sabe si eso «realmente va a ocurrir» y añadió que, si se transmite, no la verá. Horas después, Donald Trump dijo que aprobaba «absolutamente» el plan de livestream, aunque también señaló que el Pentágono seguía «tomando una determinación».
Pete Hegseth dijo que la ejecución sería transmitida en vivo para el público. Según Hegseth, «la gente necesita entender que hay consecuencias serias para este tipo de cosas». El Pentágono declinó comentar más y un portavoz reiteró a la BBC que la ejecución «será transmitida en vivo», pero dijo que no había más detalles «por el momento».
Las reacciones fueron duras desde varios frentes. El senador republicano John Curtis advirtió que las ejecuciones públicas erosionan las civilizaciones cuando cultivan «un apetito por las ejecuciones como forma de entretenimiento» y pidió reconsiderar. El demócrata Chris Murphy calificó la idea de «repugnante». Austin Scott, también republicano, dijo que apoya «absolutamente» la pena de muerte, pero que transmitir ejecuciones «es lo que hacen los yihadistas. Estados Unidos es mejor que eso».
La oficina de derechos humanos de la ONU le dijo a AFP que retransmitirla sería «prácticamente una ejecución pública» y violaría «la prohibición absoluta de la tortura». La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también condenó la decisión y expresó «choque y profunda tristeza».
Hasan, que era psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, abrió fuego en 2009 en un centro médico dentro de la base. Más tarde admitió en el tribunal que él fue el tirador y se disculpó por «cualquier error». En su consejo de guerra de 2013 dijo que creía estar protegiendo a musulmanes y a los talibanes en Afganistán de las fuerzas estadounidenses.
Aquí está el punto de fondo: el Estado puede castigar, pero no debería convertir el castigo en espectáculo. Cuando el poder público empieza a vender la muerte como contenido, cruza una línea que no se borra con discursos de mano dura. Otra vez la doble vara: los mismos que hablan de solemnidad y orden ahora coquetean con una exhibición que parece hecha para el morbo y no para la justicia.
