El Gobierno de Estados Unidos publicó este viernes en el Registro Federal la formalización de un programa que exige fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares a los nacionales de unos 50 países que soliciten visados B-1/B-2 de turismo y negocios. La medida entra en vigor el próximo lunes.
Entre los países de América incluidos en la lista figuran Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela. La mayoría de las naciones afectadas son africanas — Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, entre otras —, pero la inclusión de los cuatro países americanos es la que concentra la atención en la región.
Los funcionarios consulares tendrán discreción para fijar el monto exacto: 10.000, 15.000 o 20.000 dólares. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y según el Gobierno será devuelto una vez que el viajero concluya su estancia legal en territorio estadounidense.
La Casa Blanca presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración irregular y la aplica, según el documento oficial, a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EEUU más tiempo del autorizado por sus visados.
Los números del año piloto son contundentes: de las 20.000 solicitudes identificadas como sujetas a fianza, la mitad abandonó el proceso sin completarlo. El resultado fue una reducción del 83 % en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, según el propio Departamento de Estado.
Organizaciones defensoras de migrantes denuncian, según recoge la fuente, que las fianzas «crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EEUU» y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres.
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Que no te lo cuenten. El argumento de las organizaciones migrantes tiene una trampa lógica: la barrera económica que señalan es exactamente el mecanismo de disuasión que el programa busca activar. Si el objetivo declarado es reducir la permanencia ilegal, una fianza reembolsable para quienes cumplen las reglas no es un castigo — es un incentivo a cumplirlas.
Lo que el dato del 83 % revela es otra cosa: que una fracción significativa de los solicitantes no tenía intención de regresar. El libre mercado de ideas exige reconocer que Venezuela, Cuba y Nicaragua no aparecen en esa lista por capricho geográfico, sino porque sus regímenes han destruido las condiciones que hacen que la gente quiera volver a casa. La solución de fondo no es bajar la fianza; es que Maduro, Díaz-Canel y Ortega dejen de gobernar para el exilio.
