No fue un malentendido de palabras. Fue una revocación de visa. Y la propia exalcaldesa de Tijuana tuvo que admitirlo.
Montserrat Caballero Ramírez, quien encabezó el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, entre 2021 y 2024, confirmó este sábado que autoridades de Estados Unidos le revocaron su visa. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales, luego de que el Semanario Zeta publicara un reportaje titulado «Visa de Montserrat fue revocada, no retenida como dice».
La ahora militante del Partido del Trabajo (PT) intentó reencuadrar el asunto calificándolo de un «dilema lingüístico». Que no te lo cuenten: la diferencia entre «retenida» y «revocada» no es semántica, es jurídica. Una retención es temporal; una revocación es una decisión formal de cancelar el acceso. El Departamento de Estado no juega con los términos.
Lo llamativo no es solo la revocación en sí —Washington ha acelerado en los últimos meses la cancelación de visas a funcionarios y exfuncionarios mexicanos vinculados a entornos de inseguridad o corrupción—, sino el reflejo político de Caballero: primero negar, luego matizar, finalmente confirmar lo que un medio independiente ya había reportado. El relato se cayó solo, y se cayó en menos de un ciclo de noticias.
Tijuana es una de las plazas más violentas y estratégicas de la frontera norte. Que la principal autoridad municipal durante tres años no pueda hoy cruzar legalmente a la ciudad que colinda con su propio municipio no es un dato menor. Es una señal que el aparato oficialista preferiría enterrar bajo eufemismos.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: cuando la administración Biden miraba hacia otro lado, Washington rara vez actuaba contra funcionarios del círculo morenista. Que estos movimientos se multipliquen ahora dice algo sobre el cambio de temperatura diplomática entre México y Estados Unidos. La burocracia fronteriza tiene memoria, aunque los políticos locales apuesten a que el electorado no la tenga.
Caballero puede llamarlo como quiera. Los hechos tienen nombre propio.
