El relato se cayó solo.
Silicon Valley, vitrina del capitalismo californiano y laboratorio del progresismo de alta gama, esconde una fractura económica que ningún comunicado corporativo puede disimular. Un informe publicado este jueves por el Human Rights Institute de la Universidad Estatal de San José —el llamado Silicon Valley Pain Index— revela que el 10% más rico de la región controla el 75% de la riqueza total, mientras que la mitad inferior de la población posee menos del 1%.
Los números no admiten matices: para comprar una vivienda típica en San José, un residente necesita ganar más de 460.000 dólares al año. No es una cifra de lujo; es el umbral para acceder a lo ordinario.
La investigadora principal del reporte, Anji Buckner-Capone, describió el panorama sin eufemismos: «Hemos visto cerrar más escuelas. Hemos visto aumentos en problemas de salud física y mental. Hay demasiadas personas y familias que no saben cómo van a llegar a fin de mes».
El informe mide el deterioro en seis dimensiones: vivienda, alimentación, cuidado infantil, empleo, salud y educación. No es un indicador abstracto; es la radiografía de una región donde los ingenieros de software cobran en criptomonedas y los trabajadores de servicios duermen en sus autos.
El CEO de The Health Trust, el doctor Tony Iton, fue directo ante NBC: «Hay recursos abundantes. Hay suficiente para que todos tengan comida, atención médica y cuidado infantil. No es que falten esas cosas. Es que la política no está invirtiendo en nuestra gente».
Dicho así, suena a reclamo de más gasto público. Pero la lectura honesta apunta en otra dirección.
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California lleva décadas siendo el gran experimento del progresismo norteamericano: impuestos entre los más altos del país, regulación máxima sobre construcción y vivienda, burocracia desbordada en cada permiso y cada licencia. El resultado no es una utopía igualitaria; es exactamente lo que el informe describe: una aristocracia tecnológica blindada por el precio del suelo y una clase trabajadora expulsada hacia la periferia.
La ironía no es menor. Las mismas empresas que financian causas DEI y agendas climáticas operan en un ecosistema donde la mitad de los vecinos no acumula prácticamente nada. El problema no es que falten recursos —como admite el propio informe—; el problema es que la política pública californiana lleva años encareciendo artificialmente la vivienda, restringiendo la oferta y gravando el trabajo productivo para sostener un aparato estatal que no entrega resultados. Que no te lo cuenten de otra manera.
