El Tribunal de Apelaciones del 7º Circuito emitió el jueves una decisión que avala la polémica ley de Illinois conocida como la «Protect IL Communities Act», firmada por el gobernador demócrata JB Pritzker a principios de 2023. El fallo revierte una resolución de un tribunal de distrito que había declarado la prohibición inconstitucional.
La ley, según recoge la propia decisión, «criminaliza la fabricación, venta, entrega, compra y posesión de armas de asalto y cargadores de alta capacidad». Una cláusula de excepción permite que quienes ya poseían legalmente esas armas antes de la ley continúen teniéndolas.
El tribunal centró su análisis en la aplicación de la ley a los rifles AR-15 y los cargadores de 30 balas. Su conclusión: las restricciones «son consistentes con los principios que sustentan la tradición de regulación de armas de fuego de nuestra nación» y, por tanto, la decisión «corresponde a los representantes electos».
Pero no fue unánime. El juez presidente Michael Brennan disintió con contundencia. «Las tradiciones perdurables de nuestra nación prohíben a los gobiernos prohibir armas de fuego comúnmente poseídas para la autodefensa», escribió Brennan. «Dado que el pueblo ha elegido abrumadoramente el rifle AR-15 y su cargador como su arma de elección, están protegidos por la Segunda Enmienda. La prohibición de Illinois va demasiado lejos y debería ser suspendida como inconstitucional», sentenció.
El gobernador Pritzker celebró el resultado: «Illinois seguirá prohibiendo las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad capaces de infligir bajas masivas. Una victoria en la lucha para acabar con la violencia armada», publicó.
Mientras tanto, desde el lado federal, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia presentó dos demandas contra California y Virginia por sus propias restricciones a las armas, en una estrategia que, según la DOJ, apunta a expandir los derechos de la Segunda Enmienda.
Que no te lo cuenten. Lo que el tribunal del 7º Circuito acaba de consagrar es el principio de que el Estado puede desarmar al ciudadano si el arma en cuestión resulta «demasiado popular». La lógica es tan circular como peligrosa: cuanto más extendida está un arma entre la población, más razones tiene el gobierno para quitársela. El juez disidente Brennan lo vio con claridad: la Segunda Enmienda protege precisamente las armas que el pueblo elige para su defensa, no solo las que el Estado tolera.
Illinois no ha reducido la violencia con esta ley; ha reducido los derechos de sus ciudadanos respetuosos de la ley. Y el aparato judicial, en lugar de frenar ese avance, le ha puesto sello de aprobación. La batalla sigue viva, pero hoy el libre ciudadano perdió una ronda.
