El abogado defensor Kevin Reddington habló con la prensa el jueves frente al tribunal. Fue breve. Pero dejó claro el argumento central de su estrategia.
«Cuando una mujer va al médico y le dicen: toma esta pastilla, toma aquella, y la despachan en 15 o 20 minutos… eso no está bien», dijo Reddington. El letrado predijo que el juicio podría cerrarse el lunes.
Lindsay Clancy estranguló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— con bandas elásticas en el sótano de su casa en Massachusetts. Fue en enero de 2023. Antes de los crímenes, envió a su entonces esposo Patrick a buscar comida y medicamentos. Mientras él estaba fuera, mató a los niños, se cortó las muñecas y saltó desde una ventana del segundo piso. Quedó paralizada de la cintura para abajo. Patrick regresó y encontró a sus hijos muertos.
Clancy nunca negó haber matado a sus hijos. La discusión es otra: quién carga con la responsabilidad.
La defensa ha construido su caso sobre el historial farmacológico de Clancy. Sostiene que el exceso de medicamentos recetados en los meses previos al crimen alteró su estado mental. Reddington describió a su cliente como «destrozada y profundamente triste».
La fiscalía va en sentido contrario. Argumenta que Clancy sabía lo que hacía y que debía saberlo. Si el jurado la declara culpable de asesinato en primer grado, enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si es declarada sin responsabilidad penal, podría terminar en una institución psiquiátrica con posibilidad de salir en el futuro.
Afuera del tribunal, un grupo de mujeres con camisetas rosas se reunió para expresar apoyo a Clancy. Reddington calificó esa presencia de «asombrosa». Describió a los jurados como «muy, muy atentos».
«No lo olvidan», dijo sobre el impacto del juicio en el jurado.
Reddington aún debe contrainterrogar a los testigos expertos de la fiscalía antes de presentar sus alegatos finales.
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El caso Clancy incomoda porque obliga a mirar algo que el sistema prefiere ignorar. Tres niños muertos. Una madre que pidió ayuda. Médicos que recetaron y siguieron recetando. Nadie detuvo la espiral.
Eso no exime la responsabilidad penal. Pero sí expone la hipocresía de un aparato sanitario que medica en lugar de tratar, que factura en lugar de escuchar. El jurado decidirá el destino de Clancy. La pregunta más incómoda —quién falló antes de enero de 2023— no tiene sala de tribunal.
