Todd Blanche pasó el Comité Judicial del Senado. El martes, el voto fue 12-10. Todos los republicanos a favor, todos los demócratas en contra. Ninguna sorpresa en el resultado. Sí hubo drama en el camino.
Blanche es el abogado personal que Trump llevó a la Casa Blanca. Primero fue fiscal general adjunto. Luego, cuando Pam Bondi renunció en abril, quedó como fiscal general en funciones. Ahora busca el cargo de forma permanente.
El escollo fue un fondo de 1.800 millones de dólares. La administración lo llamó fondo «antiarmamentización». Surgió de un acuerdo judicial entre Trump y el IRS, la agencia tributaria federal, por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El fondo estaba diseñado para compensar a personas que alegaran haber sido investigadas por motivos políticos. Los críticos advirtieron que podría beneficiar a aliados de Trump, incluidos acusados por los hechos del 6 de enero de 2021.
Los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, bloquearon el voto durante una semana. Exigieron garantías por escrito. Blanche publicó documentos en redes sociales rescindiendo el fondo. También aclaró el alcance de la protección frente a futuras auditorías del IRS sobre Trump, sus hijos mayores y la Organización Trump. Cornyn y Tillis se movieron el lunes. Dijeron que apoyarían la nominación.
Un juez federal acusó a Blanche de actuar en doble interés durante el proceso: supuestamente representaba a la vez los intereses personales del presidente y los de la agencia que debía defender. Los demócratas usaron ese punto como eje de su oposición.
El senador Dick Durbin, de Illinois, dijo que Blanche «ayudó y encubrió a la administración más corrupta de la historia de Estados Unidos». Son palabras de Durbin, no del medio.
Ahora viene el pleno. Blanche necesita 50 votos. Los republicanos tienen mayoría de 53-47, pero el senador Mitch McConnell está en ausencia médica prolongada. Solo puede perder dos votos de su partido. Las senadoras Lisa Murkowski, de Alaska, Susan Collins, de Maine, y el senador Bill Cassidy, de Luisiana, no se han comprometido.
El relato demócrata es simple: Blanche es el abogado del jefe, no el fiscal de la nación. Pero esa acusación tiene doble vara. Décadas de fiscales generales han servido como escudos políticos de su presidente. La diferencia ahora es que los republicanos que dudaron exigieron papel firmado. Lo obtuvieron. Eso es presión institucional funcionando dentro del sistema.
Lo que está en juego es real. Si el fondo hubiera sobrevivido, el dinero del contribuyente habría financiado compensaciones a personas señaladas por el ejecutivo como víctimas políticas, sin control judicial claro. Que dos senadores del mismo partido forzaran su cancelación es, al menos, una señal de que el cheque en blanco tiene límites. El pleno dirá si esos límites se sostienen.
