El jueves pasado, mientras en la Ciudad de México se desarrollaba la tercera ronda de revisión del T-MEC, el gobierno de Donald Trump reemplazó en cuestión de horas un arancel declarado ilegal por la Suprema Corte con uno nuevo: un gravamen de al menos 10 por ciento a unos 60 socios comerciales —México incluido—, fundamentado esta vez en supuestas fallas para prevenir el comercio con países que emplean trabajo forzoso en cadenas de suministro.
Cayó un instrumento legal y en horas apareció otro. Porque lo permanente, según el análisis del economista Enrique Quintana en El Financiero, no es el arancel específico. Es la estrategia.
El libre comercio nunca fue filantropía
Durante casi ocho décadas, Estados Unidos impulsó el GATT, promovió la OMC y defendió la apertura de mercados. No por generosidad: porque ese sistema fortalecía a sus empresas, al dólar y a su liderazgo global. El libre comercio era una estrategia de poder.
Pero los órdenes económicos envejecen. La incorporación de China a la OMC aceleró el desplazamiento manufacturero hacia Asia. La crisis de 2008 erosionó la confianza en las élites económicas. La pandemia exhibió la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro. Y la competencia tecnológica con China terminó por convencer a Washington de que la eficiencia ya no bastaba para preservar su liderazgo.
El resultado: el comercio dejó de ser un principio para convertirse en un instrumento. Si fortalece la capacidad industrial de Estados Unidos, se impulsa. Si genera dependencias riesgosas, se limita. Algunos llaman a esto «geoeconomía»: la subordinación de la política económica a objetivos estratégicos de largo plazo.
Biden ya lo hizo. Trump lo profundizó.
La continuidad entre ambas administraciones no es una paradoja: Biden mantuvo los aranceles a China heredados de Trump, destinó más de 50 mil millones de dólares a la industria de semiconductores mediante la Ley CHIPS y fue su gobierno —no el de Trump— el que impuso en octubre de 2022 los controles de exportación de chips avanzados hacia China. Con Trump cambiaron el estilo y el lenguaje. No el sentido general de la estrategia.
Mientras tanto, México cerró 2025 como el primer proveedor de Estados Unidos, con 15.7 por ciento de sus importaciones. Un dato que suena a victoria y esconde un problema estructural: ese liderazgo se construyó sobre una lógica de costos bajos y cercanía geográfica que Washington ya no valora de la misma forma.
El nuevo Estados Unidos busca reconstruir capacidades industriales, asegurar insumos estratégicos y preservar su liderazgo tecnológico. Ya no evalúa a sus socios solo por los costos que ayudan a reducir, sino por las capacidades que aportan a una estrategia de seguridad mucho más amplia.
Lo que está en juego
Aquí está el nudo que el oficialismo mexicano prefiere no ver. Mientras Washington lleva años actuando bajo esta nueva lógica, el gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue apostando a la narrativa de que la cercanía y el T-MEC son escudo suficiente. No lo son.
La discusión que viene no es cómo integrarse mejor al mercado estadounidense. Es cómo convertirse en un socio indispensable para su estrategia tecnológica e industrial. Eso exige certidumbre jurídica, infraestructura moderna, energía confiable e innovación. Exactamente lo que el aparato estatal mexicano lleva años erosionando.
Que no te lo cuenten.
