La contratación interadministrativa en Colombia tiene los días contados tal como la conocemos. La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley para modificar la Ley 80 de 1993 —el Estatuto General de Contratación— y exigir que quienes accedan a contratos directos con el Estado demuestren, antes de firmar, que pueden ejecutarlos por sí mismos.
El mecanismo que Zuleta quiere corregir funciona así, según explicó la propia senadora: una entidad con capacidad jurídica para contratar directamente con el Estado gana un contrato interadministrativo y luego busca a un tercero para que ejecute la obra. «En esa tercerización se violan todos los principios de contratación estatal, porque se pierde la libre competencia, se pierde transparencia y, en muchos casos, esa platica se pierde», advirtió.
El proyecto propone tres cambios concretos. Primero, modificar el artículo 25 de la Ley 80 para obligar a las entidades contratantes a verificar, antes de celebrar el contrato, que el beneficiario acredita conocimiento técnico, capacidad instalada, capacidad económica y experiencia comprobada. Segundo, limitar la intermediación contractual dentro de esta modalidad. Tercero, crear un registro público de entidades habilitadas para la contratación interadministrativa, administrado por Colombia Compra Eficiente.
La reforma no elimina la figura. «Es una vía útil para el Estado», reconoció Zuleta, pero insiste en que debe operar con controles reales. El proyecto será estudiado por la Comisión Séptima del Senado y cuenta, según la fuente, con respaldo de diferentes fuerzas políticas.
El contexto es relevante: el Estado colombiano mantiene de forma recurrente un estimado de entre 900.000 y 1.000.000 de contratistas bajo modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión a nivel nacional y territorial, según el Ministerio del Trabajo. Y la contratación pública en Colombia equivale tradicionalmente entre el 10% y el 12,5% del PIB, según el DNP. Eso es una porción enorme del presupuesto nacional fluyendo por canales que, según la senadora, carecen hoy del escrutinio mínimo.
Que no te lo cuenten. El esquema de los «contrataderos» no es una anomalía marginal: es la burocracia operando exactamente como la burocracia tiende a operar cuando nadie le exige rendir cuentas. Una entidad sin músculo real gana un contrato directo, terceriza la ejecución, diluye la responsabilidad y el seguimiento se vuelve imposible. El resultado predecible: recursos públicos que desaparecen en una cadena de intermediarios.
La propuesta de Zuleta apunta en la dirección correcta: más exigencia previa, más transparencia, libre competencia real. El principio es elemental —quien contrata con el Estado debe poder cumplir lo que firma— y el hecho de que haya que legislarlo dice mucho sobre el estado del aparato estatal colombiano. El trámite en el Congreso dirá si hay voluntad política para cerrar el grifo o si el relato de la «transparencia» seguirá siendo solo eso: relato.
