Que no te lo cuenten.
Mike Owen lleva años trabajando en la construcción. Aceptó participar en el Centro Presidencial Obama porque le prometieron pagos puntuales y la oportunidad de crecer. Hoy tiene 25 empleados menos, varios contratos cancelados y una deuda pendiente de 3,9 millones de dólares que la Fundación Obama no reconoce como suya.
Según informó Fox News Digital, Owen es dueño de Adamson Plumbing Contractors y fue subcontratista del proyecto. El Centro Obama eligió a Lakeside Alliance —una empresa conjunta entre Turner Construction y cuatro firmas de construcción de Chicago propiedad de personas negras— como gestor de obra. Fue Lakeside quien contrató a Owen y a otros subcontratistas. Y fue Lakeside quien dejó de pagarles.
Owen acordó hacer trabajos de «mantenimiento de último minuto» a cambio de 100.000 dólares que debían llegar en mayo. Su equipo completó el trabajo. El pago no llegó. Eso fue suficiente para paralizar su empresa.
«No recibir esa suma fue como jalar el freno de emergencia al tren. Fue el golpe de gracia», dijo Owen según Fox News Digital. En lugar de aguantar hasta la quiebra, decidió suspender operaciones. Dos semanas después de los despidos masivos, llegaron los 100.000 dólares. «Ya es demasiado poco, demasiado tarde», respondió.
Owen presentó un gravamen de 1,72 millones de dólares por el trabajo más documentado, y según los reportes trabaja con su equipo legal para recuperar el total de 3,9 millones.
Una investigación de Fox News Digital encontró que múltiples subcontratistas y empresas de construcción propiedad de minorías tienen reclamaciones pendientes contra la Fundación Obama, con montos que van desde cientos de miles hasta decenas de millones de dólares.
La Fundación Obama respondió a través de FactCheck.org que Lakeside Alliance tenía «responsabilidad primaria» sobre la contratación y gestión de los subcontratistas, y que la fundación «no tiene acuerdos legales directos» con ellos. En otras palabras: no es su problema.
El proyecto, financiado con donaciones privadas, llegó a un costo reportado de 830 millones de dólares según The Associated Press, con estimaciones que apuntan a superar los 1.000 millones. The Daily Wire reportó previamente que el centro abrió al público el Juneteenth, con años de retraso y muy por encima del presupuesto original.
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Aquí está el núcleo del asunto: una fundación que construyó su relato sobre empoderar a empresas minoritarias terminó siendo señalada por esas mismas empresas como responsable de no pagarles. El aparato burocrático —Lakeside Alliance mediante— sirve de escudo perfecto: la fundación se lleva el crédito simbólico, y los subcontratistas se llevan las deudas.
Owen no es un activista ni un político. Es un empresario que apostó por un contrato, cumplió su parte y ahora pelea en los tribunales para no perder lo que construyó. Eso es exactamente lo que el libre mercado protege cuando funciona: el derecho del pequeño a cobrar lo que ganó. El relato se cayó solo.
