Las comisiones económicas del Senado y la Cámara aprobaron por mayoría el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 en $634,9 billones.
La votación se dio en un debate de dos horas. En la Comisión Cuarta de la Cámara hubo 22 votos a favor y 6 en contra. En la Comisión Cuarta del Senado, 11 favorables y 4 en contra. En la Comisión Tercera del Senado, 9 afirmativos y 3 negativos. Y en la Comisión Tercera de la Cámara, 22 votos a favor y 5 en contra.
Al cierre de la sesión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, admitió que el proyecto no es óptimo y que todavía requiere modificaciones en las próximas semanas. Dijo que tanto el Gobierno como el Congreso quisieran más recursos para inversión, menor peso de la deuda y menos burocracia, pero sostuvo que el PGN responde a las condiciones actuales de la economía.
Gómez cuestionó la rigidez del sistema presupuestal y recordó que el Estatuto Orgánico del Presupuesto vigente es de 1996. También criticó la estructura tributaria y señaló que, pese a 21 reformas tributarias desde 1991, el país aún no resolvió el problema de ingresos insuficientes para financiar sus necesidades.
El ministro afirmó que se requiere avanzar en reformas y anticipó un trabajo intenso con los ponentes y coordinadores para mejorar el proyecto. Además, ubicó el tamaño de la deuda como «el problema más serio» de la economía. Según Gómez, la política de austeridad estará acompañada de una estrategia de crecimiento para superar las dificultades fiscales. También dijo que un niño que nace hoy en Colombia ya tiene una deuda equivalente a $23 millones.
Rodrigo Lara sostuvo que la aprobación del monto planteado por la administración De la Espriella envía una señal de confianza a los mercados nacionales e internacionales, así como a los tenedores de bonos de deuda pública. Añadió que el país mantiene su tradición de responsabilidad fiscal y de cumplimiento de las obligaciones.
Lara también anunció un proyecto de acto legislativo para modificar las reglas sobre gestión de inversiones regionales por parte de los congresistas. Invitó a respaldar la iniciativa para que los congresistas puedan postular proyectos de inversión regional sin temor a repercusiones, y anticipó cambios al régimen de conflicto de interés.
En el debate, Marco Hincapié señaló que la nueva propuesta aumenta la burocracia en unos $4 billones. David Racero sostuvo que el proyecto castiga la inversión y anunció una demanda. Otros congresistas del Pacto Histórico advirtieron sobre eventuales privatizaciones o ventas de activos estatales para financiar el presupuesto.
El fondo de esta discusión es claro. Cuando el Estado sigue engordando el presupuesto y la deuda se vuelve la excusa permanente, el costo no lo paga la burocracia: lo paga el contribuyente. Otra vez la doble vara. Se habla de austeridad, pero se empuja un aparato fiscal que ya nació cargado.
Que no te lo cuenten. Si el propio ministro admite que faltan reformas, que el sistema está rígido y que la deuda es el problema más serio, entonces el relato de control choca con una realidad mucho más incómoda: el país sigue atrapado entre más gasto, más presión fiscal y menos espacio para la libre empresa.
