El representante Brandon Gill, republicano de Texas, convocó una audiencia ante la Task Force on Defending Constitutional Rights de la Cámara de Representantes. El objetivo: interrogar a Michelle A. Behnke, presidenta de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA), sobre el uso de su poder de acreditación para imponer políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas de derecho del país.
La ABA no es un actor menor. Su Consejo de la Sección de Educación Legal y Admisiones al Foro es el único acreditador de programas Juris Doctor reconocido por el Departamento de Educación federal. Graduarse de una escuela aprobada por la ABA es el camino estándar para presentar el examen de barra en la mayoría de los estados. Ese monopolio de facto es exactamente lo que el Congreso pone bajo el microscopio.
«El DEI es una ideología cancerosa que promueve discriminación ilegal y roba oportunidades a estadounidenses que de otro modo ganarían empleos y admisiones universitarias por mérito», declaró Gill. Añadió que la ABA «abusó de su poder de acreditación para forzar políticas de DEI dañinas, racistas y a menudo ilegales» en las facultades de derecho de todo el país.
En mayo, el consejo de acreditación de la ABA derogó ciertos estándares de diversidad e inclusión para las escuelas de derecho. Paso atrás, al menos en papel. Pero Behnke salió el 1 de junio a declarar que la ABA mantiene un compromiso «inquebrantable» con el DEI. Esa contradicción —el brazo acreditador cede, la presidenta redobla— es la que Gill y sus colegas tienen previsto diseccionar en la audiencia.
La task force ya dejó clara su hoja de ruta: explorar cómo el Congreso puede «eliminar permanentemente» las políticas DEI dentro de las instituciones estadounidenses, incluyendo la profesión legal y la academia.
Que no te lo cuenten. Aquí no se discute si una empresa privada puede tener sus valores. Se discute algo distinto: si una entidad con monopolio regulatorio reconocido por el Estado federal puede usarlo para condicionar el acceso a toda una profesión. Eso no es libre asociación. Es captura institucional.
El relato progresista vendió el DEI como equidad. Lo que el Congreso pone sobre la mesa es la otra cara: un sistema donde el mérito cede ante la categoría de identidad, y donde la burocracia acreditadora actúa como correa de transmisión ideológica. Si la ABA quiere mantener ese monopolio, tendrá que defenderlo ante los representantes que pagan, con impuestos, el sistema que lo sostiene.
