El Senado de Estados Unidos introdujo la ley REFORMAR. La presentaron los senadores Ted Cruz y Tim Kaine. Bipartidista desde el arranque. El objetivo: endurecer las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y cerrar el vacío legal que dejó la expiración de la NICA Act en 2023.
Según el economista Juan Sebastián Chamorro, la nueva norma «reactiva la ley NICA Act del 2018 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035». La extensión tiene salida anticipada: si el presidente de Estados Unidos certifica que Nicaragua celebró «elecciones libres, transparentes y competitivas y observadas», las sanciones pueden levantarse antes. Nadie en Managua parece apurado por cumplir ese requisito.
La exposición de motivos no deja espacio a la ambigüedad. Documenta, según Chamorro, «el encarcelamiento de opositores, la corrupción sistemática del régimen, el fin del Estado de Derecho, el arresto de los candidatos presidenciales en 2021, el cierre de ONG y la persecución religiosa». Es el expediente oficial del Congreso estadounidense contra Ortega.
Dos blancos nuevos concentran la atención. Primero, el sector del oro. La REFORMAR permite sancionar a cualquier individuo o empresa que opere en ese mercado. Sin necesidad de probar vínculo previo con corrupción o violaciones de derechos humanos. Segundo, el Instituto de Previsión Militar del Ejército (IPSM). Chamorro fue directo: «Esto es claramente un mensaje al ejército». La estructura financiera de las Fuerzas Armadas nicaragüenses queda bajo supervisión directa de Washington.
El alcance no para ahí. El Secretario de Estado y el Departamento del Tesoro reciben nuevas atribuciones. Podrán identificar cualquier otro sector económico para aplicar sanciones. «El proyecto de ley permitirá extender esta facultad a cualquier otro sector de la economía», subrayó Chamorro. La lista de conductas sancionables también crece: incluye ahora la persecución religiosa, las condenas políticas y el apoyo significativo a Rusia e Irán.
La ley exige además informes periódicos del Ejecutivo sobre la eficacia de las sanciones. Uno de esos informes debe incluir «una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua», según detalló el economista exiliado.
Contrafuego lo lee así: Washington le está poniendo precio a la lealtad de Ortega con Moscú y Teherán. El oro es el flujo de caja del régimen. El IPSM es la caja de retiro de los generales. Tocar ambos no es un gesto diplomático. Es un torniquete. La pregunta no es si las sanciones van a doler. Es cuánto tiempo aguanta un aparato militar cuando su propio fondo de pensiones queda bloqueado. Que no te lo cuenten.
