El brazo fiscalizador del Congreso de Estados Unidos abrió formalmente una investigación sobre el fondo con el que la Administración Trump administra los ingresos del petróleo venezolano. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno —la GAO— confirmó que ha aceptado la solicitud y que el trabajo ya está en marcha.
«La GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso», declaró Jessica Baxter, portavoz del organismo. No se ha hecho público el alcance de la revisión, la metodología ni el calendario de conclusiones.
La petición fue presentada por cuatro legisladores: los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten, y los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine. Su aceptación por la GAO convierte una iniciativa política en fiscalización federal efectiva.
El Financial Times calculó que las exportaciones venezolanas generaron hasta julio más de 13.000 millones de dólares. El propio Trump, consultado a bordo del Air Force One, sugirió que la cifra real es superior: «Creo que incluso más que eso», dijo, sin ofrecer una cifra alternativa ni explicar la metodología. Añadió que Estados Unidos había recuperado «varias veces» el coste de la operación militar y que estaba ingresando «miles y miles de millones de dólares» procedentes de Venezuela.
Lo que los legisladores exigen es concreto: identificar todas las cuentas bancarias utilizadas, su ubicación, las entidades financieras y los comercializadores participantes, las comisiones cobradas y los pagos autorizados. También quieren saber si existen controles suficientes contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y los posibles conflictos de interés. La investigación deberá examinar la actuación de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, además de las empresas y contratistas involucrados.
El problema no es que exista un fondo. El problema es que el Gobierno lleva meses sin publicar las cuentas, los saldos, las comisiones ni las auditorías que él mismo prometió.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: la transparencia no es negociable, ni siquiera cuando el dinero viene del régimen de Maduro y el que lo administra es Trump. Más de 13.000 millones de dólares gestionados sin cuentas públicas, sin auditoría visible y sin metodología explicada es exactamente el tipo de opacidad que la derecha lleva décadas denunciando en el Estado profundo. El principio es el mismo: el dinero público —o el que se recauda en nombre del interés nacional— exige rendición de cuentas. Que la GAO haya aceptado la investigación es una buena noticia. Que haya tardado tanto en llegar, no.
