Cerca de un centenar de trabajadores bajo el régimen CAS bloqueó este jueves la avenida Abancay, frente al Congreso de la República en Lima, exigiendo que la ley de crédito suplementario incluya el pago de la gratificación de julio. La protesta terminó con un operativo policial que desalojó a los manifestantes y restableció el tránsito vehicular. Según testigos citados por Canal N, el número de efectivos policiales desplegados fue similar al de los propios manifestantes.
El reclamo es concreto: los trabajadores contratados bajo el régimen CAS no tienen garantizado ese beneficio, y su inclusión depende de lo que apruebe el Parlamento en la ley de crédito suplementario. Si el Congreso no actúa, quedarían excluidos del pago en 2026. Mientras tanto, los trabajadores del sector privado ya empezaron a cobrar su gratificación —equivalente a poco más de un sueldo entero, según Infobae— sin necesidad de bloquear avenidas ni negociar con ninguna comisión.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, informó mediante un oficio que la sesión prevista para el jueves se pospone al lunes 13 de julio a las 15:00 horas. El argumento: falta de avance significativo en las propuestas y necesidad de una evaluación adicional para lograr un dictamen más sólido. En otras palabras, otra semana de incertidumbre para miles de empleados públicos.
Tras el desalojo, la protesta continuó de forma pacífica en las inmediaciones del Congreso, con banderolas de distintos colores. La calma regresó a la avenida al cierre de la jornada, con presencia policial sostenida en el lugar.
Aquí el cuadro es revelador. Un régimen laboral creado por el Estado para contratar a sus propios trabajadores termina siendo una categoría de segunda: sin las garantías que el mismo Estado exige al empleador privado. El trabajador CAS financia con sus impuestos un aparato que luego le niega los derechos que ese aparato le impone a los demás. La burocracia peruana no solo es costosa; es selectiva en a quién protege.
El lunes se sabrá si el Congreso encuentra la fórmula. Pero el patrón ya es conocido: sesiones postergadas, dictámenes «más sólidos» que nunca llegan y miles de personas atrapadas en la incertidumbre de un Estado que regula todo menos su propia conducta como empleador. Que no te lo cuenten.
