El Congreso de la Unión moverá ficha. A través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, solicitará al Gabinete de Seguridad un informe sobre el piloto que trasladó a 'El Mayo' Zambada a Estados Unidos. Lo anunció Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Monreal no anduvo con rodeos. «Es un eslabón perdido para conocer la verdad», dijo. Y fue más lejos: «El Ministerio Público de la FGR debió haber indagado sobre esta situación y no lo hicieron».
La historia del piloto es reveladora. El 6 de julio, la FGR identificó a Mauro Alberto Núñez Ojeda como el responsable de operar la aeronave que sacó al capo sinaloense de México el 25 de julio de 2024. Según la dependencia, Núñez era piloto de confianza de Los Chapitos. Tras el vuelo, regresó a México. Continuó operando. Lo detuvieron por portación de armas.
Ahí pudo haberse investigado todo. No ocurrió. La FGR lo entregó a autoridades estadounidenses el 12 de agosto de 2025 con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. En abril de 2026, Núñez se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos. Admitió haber trabajado como piloto personal y operador de la flota aérea de Los Chapitos.
El detalle que lo dice todo: el avión utilizado en el traslado fue donado por el FBI al Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México. Hoy forma parte de una exhibición permanente sobre operaciones contra el crimen organizado. Mientras México reclama información, Washington convirtió la operación en pieza de museo.
La FGR sostiene que aún existen inconsistencias y omisiones en la información entregada por Estados Unidos. El gobierno mexicano insiste en que no ha recibido datos completos sobre el vuelo, el piloto y la operación. Las indagatorias siguen abiertas para determinar si se vulneró la soberanía nacional.
Recordemos que el entonces embajador Ken Salazar afirmó que «no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación». El avión está en un museo del FBI. El relato se cayó solo.
Aquí el principio es simple: el aparato estatal mexicano tuvo al piloto en sus manos. Lo soltó sin investigarlo a fondo. Ahora el Congreso pide el informe que la Fiscalía debió levantar hace dos años. Eso no es un error burocrático menor. Es la diferencia entre soberanía real y soberanía de discurso. Que no te lo cuenten.
