Hay un veterano herido en combate que esta noche hace cuentas y el número no cierra. No es un error de cálculo: es la ley.
El sistema actual obliga a los militares retirados por discapacidad antes de cumplir 20 años de servicio a ceder parte de la paga de retiro que ganaron para poder recibir la compensación por discapacidad que también les corresponde. Dos beneficios distintos, ganados por distintas razones. El Estado se queda con uno.
Según los líderes de dos organizaciones nacionales de veteranos que firmaron una columna conjunta, más de 59,000 veteranos heridos en combate han perdido parte de su retiro por este mecanismo. La legislación que lo corregiría —la llamada «Major Richard Star Act»— lleva años en el Congreso sin avanzar.
No es el único caso. La Cámara de Representantes tenía programado votar el «Take Care of America's Veterans Act», una iniciativa que agrupa más de 60 proyectos estancados sobre veteranos y sus familias: paga de retiro concurrente, beneficios para sobrevivientes, apoyo a cuidadores y prevención del suicidio. El voto no se produjo.
Del otro lado de esa ecuación están los cuidadores. Según las mismas fuentes, hay 14.3 millones de cuidadores militares y de veteranos en el país. El trabajo no remunerado que realizan vale, según se estima, más de $400 mil millones al año. Muchos dejaron sus empleos, sacrificaron ingresos y ahorros para el retiro. El Estado tampoco los tiene en cuenta como debería.
La iniciativa bloqueada incluía además la «Sharri Briley and Eric Edmundson Benefits Expansion Act», que ampliaría beneficios para sobrevivientes y veteranos con las lesiones más graves, y la «Love Lives On Act», que permitiría a los sobrevivientes conservar sus beneficios.
Las organizaciones firmantes fueron 23 en total, entre ellas las dos más grandes del sector. Su mensaje fue uno: estas familias «han esperado suficiente».
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Que no te lo cuenten. El Estado que exige a sus ciudadanos que arriesguen la vida en combate no debería cobrarles luego un descuento sobre la paga que ganaron con esa misma vida. Llamarlo «offset» no lo hace menos injusto: es confiscación diferida sobre quienes menos pueden permitírsela.
Lo que falla aquí no es la voluntad declarada —el Congreso lleva años «acordando» en principio— sino la voluntad real de actuar. Más de 60 proyectos acumulados, 59,000 veteranos perjudicados y un voto que se pospone indefinidamente no son un accidente burocrático. Son una prioridad que nunca llega porque nadie paga el costo político de hacerla esperar. Excepto los veteranos, claro. Ellos siempre pagan.
