Veintiséis palabras en el título y ninguna garantía real para las mujeres. Eso, en esencia, es el problema con la Protect College Sports Act que avanza en el Congreso de Estados Unidos.
El 30 de junio pasado, la Corte Suprema confirmó las leyes de Idaho y Virginia Occidental que reservan la competencia femenina a atletas biológicamente femeninas. Fue el cierre de años de litigios. Madison Kenyon, exatleta de la Universidad Estatal de Idaho y parte del caso Little v. Hecox, lo vivió en primera persona: durante su primer año universitario compitió en atletismo y campo a través contra un atleta varón habilitado para competir en eventos femeninos. «Carrera tras carrera, mis compañeras y yo entrenamos más duro, nos esforzamos más, y él nos ganó siempre», relató según la fuente.
Veintisiete estados tienen hoy leyes que protegen el deporte femenino de la intrusión masculina. La victoria en el Supremo confirmó que cada estado tiene ese derecho. Pero ahora, según advierten la organización Alliance Defending Freedom (ADF) y la propia Kenyon, el proyecto federal podría deshacer exactamente eso.
El nudo del problema está en el lenguaje. La Protect College Sports Act establece reglas generales de elegibilidad colegial y limita la capacidad de los estados para regular la elegibilidad. Muchas de las leyes estatales clasifican el sexo como un criterio de elegibilidad y declaran a los hombres inelegibles para competir en equipos femeninos. Si el proyecto federal restringe esa potestad estatal, la puerta queda entreabierta para nuevas demandas.
Kristen Waggoner, directora ejecutiva de ADF, lo dice sin rodeos según la fuente: «El lenguaje de este proyecto es lo suficientemente impreciso como para que un juez activista haga todo tipo de daño». La organización lleva casi una década litigando estos casos. En Virginia Occidental documentaron que un solo varón desplazó a más de 470 chicas más de 1.400 veces, incluido un campeonato estatal.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que reconoce la distinción biológica entre hombre y mujer y ordena al gobierno federal mantener a los hombres fuera del deporte femenino. Trump también instó al Congreso a aprobar esta misma ley antes del receso. La ironía es que el instrumento legislativo pensado para consolidar esa política podría socavarla.
El senador Ted Cruz y sus copatrocinadores tienen, según todas las fuentes, intenciones genuinas. Pero como señala ADF: las buenas intenciones no ganan juicios. La precisión sí.
Esto es lo que ocurre cuando la burocracia legislativa avanza más rápido que la claridad jurídica. Años de lucha de atletas reales, con nombres y apellidos, en pistas reales, ante tribunales reales, pueden quedar expuestos a otra ronda de litigios porque alguien no definió con suficiente rigor qué es «elegibilidad». El relato de que este proyecto «protege» a las mujeres se cae solo con leer el texto. Que el Congreso lo corrija antes de que otra generación de atletas pague el precio.
